En los últimos años nuestro país registra importantes avances en la visibilización y reconocimiento de derechos de diferentes comunidades que durante mucho tiempo estuvieron marginadas, invisibilizadas y condenadas al empobrecimiento, la violencia, la marginación y la exclusión. Este es el caso, entre otras, de la comunidad de personas transexuales, travestis y transgénero, para quienes la Diputada Gabriela Lena (Frente Cambiemos) reclama una reparación histórica buscando, mediante un proyecto de ley, generar mecanismos más igualitarios para el acceso al trabajo.
El proyecto que ingresará esta semana en la legislatura entrerriana hace foco en el empleo en el sector público, aunque también pretende ser un incentivo para que los empleadores privados contraten a personas travestis, transexuales y transgénero, ya que en este caso podrían acceder a una deducción especial en la base imponible del impuesto a los ingresos brutos equivalente al 100% de las contribuciones y aportes patronales correspondientes al personal.
En el primero de los artículos del proyecto Lena propone que el sector público provincial garantice una proporción no inferior al 3% por ciento de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero, siempre que las mismas reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. El 3% sería, entonces, el cupo mínimo, que funcionaría como mecanismo de integración sociolaboral.
"La comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato. La mayoría de ellos/as vive en extrema pobreza, privados/as de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Siendo expulsados/as desde niños/ de sus hogares y del ámbito escolar, quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución", expresa la legisladora en el mensaje de elevación del proyecto.
Ante la carencia de estadísticas provinciales el proyecto demuestra, mediante estadísticas nacionales e internacionales, que la comunidad a la que se intenta garantizar más derechos es una población vulnerable, que generalmente ejerce la prostitución como medio de vida, sin tener cobertura de obra social y que además encuentran fuertes barreras en el ingreso al sistema educativo y al mercado de trabajo.
El proyecto, que luego de su presentación deberá ser tratado por los diputados entrerrianos, contempla en el cupo no sólo al personal de planta permanente sino también a los/as contratados/as, cualquiera sea la modalidad de contratación, y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.
De prosperar la iniciativa la autoridad de aplicación de la Ley sería el Ministerio de Gobierno y Justicia. Se contempla, además, la creación de un Consejo Asesor multisectorial que tendría por función la revisión del cumplimiento efectivo de la presente ley.
