En los fundamentos, se expresa que el Estado reconoce la necesidad de contar con una vivienda digna y para ello trabaja en forma conjunta con diferentes organismos tendientes a ampliar la construcción de las mismas dentro del ejido municipal, en terrenos provistos de los servicios públicos elementales.
Año a año se han construido y entregado soluciones habitacionales para vecinos concordienses de diferentes sectores, incluidos barrios de viviendas sociales para aquellos que no cuentan con ingresos suficientes para calificar en programas cuyo uno de los requisitos es el ingreso económico del grupo familiar.
Sin embargo, “muchas de las familias necesitadas han optado por la usurpación de terrenos privados o fiscales con un destino específico, para afincarse, transformándose en okupas, con graves consecuencias legales y sociales y esa conducta no puede ser amparada por el gobierno local quien debe respetar el derecho constitucional a la propiedad privada, trabajando asimismo por el respeto al derecho a la vivienda digna que tienen todos, por igual, los ciudadanos”, se señala en la nota.
De la misma forma, aclararon que esa igualdad “no implica equiparar a quienes se encuentran inscriptos y cumplen con los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda, con aquellos que incumplen las normas y cometen delitos de usurpación, en perjuicio de toda la comunidad”.
A fin de dejar expresamente establecido en la norma la necesidad de equilibrar el derecho a la vivienda digna con la actitud del ciudadano que actúe en forma responsable ante esa necesidad en el marco de la ley y el respeto de los demás, es que se entiende necesario determinar que toda persona que aspire a ser titular de una vivienda financiada con fondos del Estado, que se encuentre inscripto en los programas nacionales y/o provinciales que se ejecuten en nuestra ciudad, no deben poseer antecedentes penales de usurpación de terrenos, ya sean fiscales o privados.
Zadoyko explicó que “este proyecto busca desalentar las ocupaciones ilegales como las del Barrio San Miguel, al favorecer a aquellos vecinos que tienen una necesidad pero que no por ello, realizan acciones contrarias a la ley.”
“La decisión de Enrique Cresto va en el sentido de trabajar arduamente con la Provincia y la Nación para dar respuestas a la alta demanda social de viviendas, pero no por ello dejando de controlar a los que ocupan tierras de manera irregular, por lo que hemos trabajado conjuntamente en este proyecto, que esperamos sea tratado a la brevedad por el Concejo”, dijo.
