Proponen prorrogar el Programa de Entrega Voluntaria de Armas

“La tenencia de armas de fuego por particulares supone un gran riesgo, ya que lejos de brindar mayor seguridad al individuo, genera un alto nivel de riesgo personal. Las armas generan más violencia y son productoras de accidentes, hechos de violencia familiar o civil, derivando en consecuencias generalmente fatales”, señaló Kunath.

De la misma forma, aseguró que el plan de desarme promueve la cultura de la no violencia, la resolución pacífica de conflictos y la paz social, entendiendo que la defensa de la vida y los derechos de los ciudadanos, es una disciplina para profesionales de dicho quehacer y es una obligación del Estado.

“Este programa de alcance nacional forma parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada, que incluye medidas de control del mercado legal y medidas de persecución del mercado ilegal de las armas de fuego”, manifestó la senadora entrerriana.

Más adelante, Kunath destacó que “el Plan de Desarme se puso en funcionamiento en 2007 por iniciativa del ex Presidente Néstor Kirchner y contó con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil en el impulso de políticas de reducción del circulante de armas en pos de una sociedad sin violencia”. Cabe recordar que el plazo inicial del Plan era por 180 días y que fue prorrogado, primero por un decreto presidencial y luego por leyes sancionadas en estos años por el Congreso.

La presentación de esta iniciativa se da también en consonancia con lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo al inaugurar el Banco de Materiales Controlados (BANMAC) -el depósito de armas, municiones y pirotecnia más grande de toda América y único Banco en el país- donde pidió al Congreso la creación de una agencia que reemplace el RENAR, y la presentación de un proyecto de Ley creando la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR) para institucionalizar las políticas de control de armamento, proyecto que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Seguridad Interior, Justicia, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda y que seguramente pronto será Ley.

El Programa

Desde su puesta en vigencia, el plan ha tenido resultados muy alentadores. En efecto, los últimos datos arrojan que alrededor de 170.000 armas de fuego y más de 1.000.000 de municiones fueron entregadas a cambio de un incentivo económico que oscila entre los 500 y 2.000 pesos dependiendo del tipo y calibre.

La entrega del arma es anónima y voluntaria. En el momento, los trabajadores del RENAR toman el número de serie, tipo y calibre para cotejarlos con el registro interno. Las armas que estén relacionadas con procesos judiciales pendientes son separadas y quedan sujetas a los procesos administrativos correspondientes. Luego, son inmediatamente inutilizadas con una prensa hidráulica. A cambio, el organismo otorga una retribución económica que está establecida por la Resolución 365/2014 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El proceso finaliza posteriormente, cuando el RENAR destruye y funde el material de las armas en una planta siderúrgica.

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