La preocupación por la inseguridad vial, con sus secuelas en la pérdida de vidas humanas, ha llevado a analizar distintas estrategias tendientes a la concientización de los automovilistas, pero también a penalizar con mayor severidad a quienes no asumen las consecuencias en casos de accidentes graves.
Esta semana un conductor que atropelló a un peatón que falleció como consecuencia del impacto fue beneficiado por la suspensión del juicio a prueba. El accidente fatal ocurrió en 2010 en Oro Verde y las pericias determinaron que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida en una zona urbana. El chofer fue procesado por el delito de homicidio culposo y la causa fue elevada a juicio oral y público; el fiscal Leandro Ríos pidió la realización de un juicio abreviado, en el que el acusado debía reconocer el delito; pero en cambio solicitó la probation y se la concedieron.
Éste, es uno de tantos accidentes, de consecuencias irreparables y saldos luctuosos, que ha llevado a los legisladores nacionales a estudiar distintos proyectos que apuntan a aumentar los montos de penas para aquellos conductores que matan y, especialmente, para aquellos que huyen de la escena.
A finales de junio la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal, estableciendo penas de prisión efectiva para los casos de homicidios cometidos en accidentes de tránsito. La iniciativa prevé penas de 4 a 12 años de prisión a quienes cometan infracciones de tránsito que tengan como consecuencia la muerte de terceros, aunque también hay sanciones intermedias que incluyen multas, inhabilitación para conducir y prestación de servicios comunitarios.
Barrandeguy señaló que la iniciativa viene a atender un largo reclamo de las entidades de víctimas de la inseguridad vial y a dar respuesta a la gran cantidad de argentinos que piden una severidad mayor en las penas previstas en la legislación.
De esta forma, el Congreso busca nuevas formas de prevenir los hechos de tránsito que afectan la vida de las personas. Tal vez la reforma de las leyes no sea el mejor y, menos aún, el único camino para prevenir este tipo de delitos, aunque sí una herramienta que por su efecto disuasivo pueda contribuir a disminuir la cantidad de siniestros viales.
Otros diputados del Movimiento Popular Neuquino presentaron hace un tiempo un proyecto similar, tendiente a “asegurar que quienes terminen con la vida de inocentes, cumplan con la pena que les corresponda y, de esta manera, desarrollar algún tipo de prevención”.
Los legisladores indicaron, en los fundamentos de la iniciativa, que “la sociedad debe replantearse algunos aspectos de las normas legales ante el avance de casos similares que se cobran la vida de víctimas que no han tenido ningún tipo de participación en el hecho, más que estar en el lugar y en el momento menos adecuados”, sostuvieron.
