La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura militar.
Ese informe deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.
De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, 4 diputados y 4 senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
El cuerpo deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas".
El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.
Las pruebas o testimonios serán recogidos, en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos.
También, contempla el requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes de los Estados nacional, provinciales y municipales y Estados Extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.
