Entre los fundamentos del proyecto se señala que el deterioro de los pavimentos se produce en forma paulatina, por acumulación de los esfuerzos reiterados originado por las cargas aplicadas a los vehículos. “Es el proceso físico de acumulación de millones de esfuerzos lo que genera la fatiga de los materiales, va generando el detrimento que comienza con baches y fisuras, hasta llegar al fin de su vida útil”, se indica.
“Éste costo invisible es, aunque a veces imperceptible, desmesuradamente alto, y lo paga la comunidad con sus impuestos, a causa del trasporte automotor de cargas con sobrepeso”, se menciona en otro párrafo.
“Definidas las cargas máximas reglamentarias en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la que nuestra Provincia adhirió bajo Ley N°10.025, su violación tan difundida sobre todo en el transporte de cereales y materiales, hace necesario proyectar y planificar acciones tendientes a minimizar los costos totales a mediano plazo, como una manera de conservar el patrimonio del Estado aumentando la durabilidad de las rutas”, se expresa más adelante.
En el artículo 2ª establece que se debe incluir en todo proyecto de obra vial a ejecutarse, al menos, un juego de balanzas dinámicas y estáticas destinadas al control permanente, ágil y obligatorio del peso de los vehículos de transporte de carga.
Además, se establece que la autoridad de aplicación de la presente ley será establecida en la correspondiente reglamentación que el Poder Ejecutivo deberá efectuar en el plazo de 90 días a partir de su promulgación, en la que se deberán incluir criterios generales para la ubicación de las balanzas, el control de sus mediciones y el mantenimiento de las mismas.
Entre los fundamentos también se expresa que el daño se refleja, asimismo, con inconvenientes de cercana conexión, como es “la afectación a la seguridad vial, por disminución de la capacidad de frenado y de la maniobrabilidad de los camiones, y también por la trayectoria de los vehículos que tratan de evitar los baches, provocando la magnitud de accidentes que a diario registramos”.
“Por último, y no menos importante, es necesario mencionar la cuestión de la competencia desleal entre transportistas y la evasión tributaria, que, de no controlar, estaríamos avalando. Con la sanción de éste control abrimos a la regulación de la punibilidad posterior, acuerdos de cooperación con la reglamentación Nacional y, en su caso, perfeccionamiento de las multas”, indicaron en el proyecto de Maradey al que suscribieron sus pares Armando Gay (PJ- Concordia) y Horacio Amavet (PJ-Uruguay).
