Los legisladores justicialistas de Feliciano, Victoria y Nogoyá dieron el primer paso por la posibilidad de concesionar y cobrar peajes, con un proyecto de comunicación referido a rutas nacionales. A través de esa iniciativa, se propuso poner en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, el interés en que, a través del Ministerio de Planificación Federal y los organismos técnicos que correspondan, se estudie la factibilidad y conveniencia de otorgar en concesión la reparación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales en la provincia, e incluso obras de infraestructura, en el marco del esquema de concesiones que, mediante las leyes 23.697 de Emergencia Económica y 23.696 de Reforma del Estado, se implementó en otras carreteras.
Ese proyecto incluye la ruta Nº127 (tramo ruta nacional 12 Cerrito – límite con la provincia de Corrientes); ruta Nº 18, tramo Paraná – ruta nacional Nº 14 Yeruá; ruta Nº 12, tramos Ceibas – General Galarza, Paraná – Cerrito, y empalme ruta Nº 127 – límite con la provincia de Corrientes.
Para los senadores lo que se plantea es la necesidad de una “pronta realización” de trabajos de mantenimiento y reparaciones para mantener las condiciones de transitabilidad y, a la vez, ir adecuando las vías de comunicación a los requerimientos del transporte.
En ese sentido, lo que tomaron en cuenta fue el incremento del tráfico comercial y productivo propio de las comunidades que vinculan directamente y, además, el que se genera dentro de regiones internas mayores y también en el tránsito hacia países vecinos como Uruguay, Paraguay, Brasil.
El nuevo proyecto de ley autoriza al Ejecutivo a otorgar, mediante procedimiento de licitación pública, las concesiones parciales o totales de las rutas provinciales que incluye para explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras existentes y para la construcción o conservación de tareas que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con esas vías de comunicación sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario.
La iniciativa crea una unidad de control de concesiones viales como órgano descentralizado dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que cumpliría las funciones de supervisión, inspección, auditoría, seguimiento de los contratos de concesión de redes y obras viales de jurisdicción provincial.
A su vez, la autoridad de aplicación, es decir la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, debería constituir un consejo asesor donde tendrían que identificarse prioridades y soluciones e incluso podría implementar otras acciones de consulta de usuarios dirigidas a “ampliar la participación, el control y la eficiencia de las políticas públicas en materia vial”.
A ese “ámbito de consenso” se convocaría a entidades representativas de usuarios, del sector productivo agropecuario e industrial, del transporte, tales como la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Federación Agraria, Federación Entrerriana de Cooperativas Limitada, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, entre otras, menciona el proyecto.
Por otra parte, la iniciativa crea una comisión bicameral de seguimiento de las concesiones, con participación de tres senadores y tres diputados.
El proyecto de los senadores oficialistas establece que mediante el sistema de cobro de peaje se atenderá el repago de las inversiones que se hagan para ejecutar, modificar, ampliar, reparar, conservar o mantener obras existentes o nuevas y también, la prestación de servicios viales concesionados.
Según la iniciativa, la tarifa de peaje deberá cuantificarse en el marco de la oferta, debiendo incorporarse en los pliegos de convocatoria como elementos para su formulación, la previsión de inversiones, la consideración del plazo de la concesión y el nivel de tráfico promedio. En este punto, fija que para valorar la relación entre inversión y rentabilidad, la estructura económica financiera deberá expresar la tasa de retorno máxima de la inversión que se va a realizar.
