La ley menciona, tal como impuso Diputados que al reactivar la planta se priorizará “la fuente de trabajo del personal que se desempeñaba al momento del cierre de la planta”.
La norma dispone en su artículo segundo que el aporte de capital del Estado provincial se limitará a veinte millones de pesos correspondientes a los fondos que ha remitido a tal fin el Estado al tiempo que se faculta al Estado a afectar los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales para garantizar un préstamo de hasta pesos setenta millones que la sociedad anónima contraerá en el marco del Programa de Financiamiento del Bicentenario.
La ley establece también que la adquisición deberá incluir las propiedades inmuebles, edilicias, las instalaciones existentes y el equipamiento necesario para el funcionamiento pleno de la planta en la totalidad de sus líneas productivas.
Y, asegura que “El Estado provincial no realizará ningún otro desembolso financiero a la sociedad a constituirse que comprometa el tesoro provincial” y que los activos que integran a la planta frigorífica deberán adquirirse libres de todo gravamen o deudas de cualquier naturaleza que puedan recaer sobre los mismos.
