Vicepresidente de la Asociación de Magistrados, el organismo en el que se encuentran agremiados los jueces, fiscales y defensores de la Justicia nacional, Saénz trabajó en la instalación de la causa Nisman, sugiriendo el asesinato, para lograr debilitar la imagen del gobierno anterior.
Ferviente crítico de la política de Derechos Humanos y la ley de Medios, por citar apenas un par de las iniciativas legislativas que atacó desde los estrados judiciales, Sáenz inició en 2003 su cruzada anti kirchnerista, cuando se pronunció por la "constitucionalidad" y "validez" de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dieron impunidad a los represores de la dictadura.
En el marco de un planteo del último jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien era el titular del Comando de Institutos Militares, por donde pasaron varias de las víctimas de torturas y asesinatos de la Dictadura, el 15 de abril de 2003 Sáenz realizó una presentación judicial argumentando que ambas normas (Punto Final y Obediencia Debida) eran anteriores a la reforma constitucional de 1994 que incorporó los acuerdos internacionales contra delitos de lesa humanidad.
Otro de los hitos en la carrera judicial de este fiscal mediático se produjo en marzo de 2012 cuando impulsó una acción penal contra “Cuevana” el más importante sitio web argentino dedicado a la distribución gratuita de producciones de cine y televisión.
Allí recurrió a la figura de “partícipe necesario” para imputar al fundador del sitio, Tomás Escobar, y responsabilizarlo por los links incluidos en la web, aunque estos estuvieran dirigidos a servidores ubicados fuera del país y cuyos titulares no tienen ninguna relación con Escobar, es decir, lo mismo que hacen todos los buscadores e indexadores de sitios, Google incluido.
Cuevana era, hasta que se inició la causa impulsada por Sáenz, el principal obstáculo para el desarrollo del sistema de video on demand presentado por la empresa Cablevisión, propiedad del Grupo Clarín.
Este "favor" al Grupo de medios conducido por Héctor Magnetto fue devuelto al año siguiente, cuando el fiscal Sáenz fue designado como secretario general para Argentina de Certal (Centro de Estudios para las Telecomunicaciones y el Acceso a la Información en América Latina), una ONG compuesta por los principales grupos mediáticos del continente y dirigida por Clarín, en la que conviven empresarios y funcionarios judiciales.
