Los letrados elaboraron un extenso artículo en el que detallan los hechos de la causa, que comenzó a investigarse en 2018 y que tendría una década de desarrollo, y pusieron en tela de juicio el criterio del Ministerio Público Fiscal de solicitar la elevación a juicio sin acusar a ningún responsable político de las Cámaras legislativas del período investigado, ya sean autoridades del cuerpo o legisladores.
Pagliotto y Mulet consideraron que es imposible que quienes tenían la máxima responsabilidad administrativa de Diputados y Senadores no hayan tenido conocimiento de una maniobra de la magnitud que describe la acusación de Fiscalía.
También pusieron en tela de juicio fallos serios en la investigación. Uno de ellos fue la relación comercial de Goyeneche y su esposo (Orlando Bertozzi) con uno de los acusados, Pedro Opromolla, que derivó en que la propia Fiscal haya terminado embargada en la causa, por poseer dos inmuebles en condominio con uno de los imputados, lo que terminó determinando su apartamiento de la causa.
Asimismo, cuestionaron que Opromolla no tuvo el mismo tratamiento que otros acusados en su misma condición. Mientras que el primero siguió el proceso en libertad, los demás debieron padecer prisiones preventivas por pedido de la Fiscalía.
“Quedan ya configuradas gravísimas irregularidades por parte de la Procuradora Adjunta Cecilia Andrea Goyeneche y del propio titular de la Procuración General, Dr. Jorge García, algunas de ellas –podemos quizás equivocarnos- rayanas con delitos funcionales, es decir, que solamente pueden acometer los funcionarios públicos, constreñidos a observar deberes positivos a su cargo, que en nuestra opinión se han inobservado de modo inexcusable, insinuando ya un derrotero de futuras complicidades con ciertos niveles de mayor responsabilidad del Poder Legislativo y Político, en función de garantizarles impune cobertura, de tal suerte que queden excluidos de ser investigados por parte del MPF y, obviamente, de recibir un reproche penal que les implique un serio riesgo para sus libertades y bienes”, explicaron Mulet y Pagliotto en el documento que servirá de base para la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
“Se avisoran en los desempeños de sendos fiscales la existencia de causales que obstan la prosecución de ambos en dichos cargos y funciones, las que prima facie podrían encuadrar, por asimilación con las exigidas para el Jury de Enjuiciamiento, en conductas públicas o privadas incompatibles con las funciones a su cargo (graves desórdenes de conducta) y mal desempeño de sus funciones, que a tenor del estado que exhibe la causa, se habrían configurado holgadamente, incluso por dichos del propio Procurador ante medios masivos de comunicación, quien no tuvo empacho en rebelar esta estrafalaria tesis acusatoria que sellaría-de concretarse- un pacto de intolerable y anti republicana impunidad, que haría retroceder a las instituciones locales en cuatro patas”, agregaron.
En tono irónico, consideran que existe un “indicador del miedo a García (IMAG)” en la dirigencia política local porque “de a poquito y juntando causa tras causa donde están involucrados funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, este procurador tiempista, acomodaticio, inescrupuloso y huérfano de política criminal seria y concreta alguna para Entre Ríos, logró rendir a toda la dirigencia política a sus pies y someterlos a su voluntad y caprichos como verdaderos rehenes, en una suerte también-digámoslo de una buena vez y sin eufemismos- de toma y daca”, expresaron.
“No queremos impunidad, pero tampoco investigaciones sesgadas, mentirosas, que en verdad terminan siendo una parodia, una burda y rústica puesta en escena, que encubren más que lo que muestran y que premian más de lo que castigan”, concluyeron.
