Ese artículo sostiene que "la agrupación política que realice actividades como actos de campaña fuera del plazo establecido en el artículo 64 bis será sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público" por un plazo de uno a cuatro años y los fondos para la campaña por una a dos elecciones.
Además, prevé que "la persona física que realizare actividades entendidas como actos de campaña fuera del período establecido será pasible de una multa de entre 10 mil y 100 mil módulos electorales". Mason también recordó la reunión que mantuvieron la semana pasada los jueces electorales Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via con el presidente de la Corte Suprema nacional, Ricardo Lorenzetti.
Uno de los motivos de la reunión, explicó, es que las sugerencias que la Cámara Electoral hizo a principios de año para fortalecer el proceso todavía "no fueron receptadas por el Ejecutivo".
Reclamo
Entre esos pedidos figuraba la propuesta de implementar un "mecanismo de escrutinio provisorio diferente al que históricamente se ha implementado" con el objetivo de "integrarlo como una fase más del proceso que dirige la Justicia electoral, alejado de la órbita del Ejecutivo y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario".
Lorenzetti ratificó el apoyo del máximo tribunal a la Cámara "para el ejercicio de las competencias de la Justicia electoral".
Después de esa reunión, los magistrados electorales de todo el país mantuvieron una sesión de trabajo en la que manifestaron "una preocupación generalizada por la falta de control judicial en el escrutinio provisorio que llevará adelante el Ministerio del Interior" nacional.
Mason precisó que en ese encuentro también se acordó que los camaristas "extremen las medidas para llevar a cabo un control de las propagandas de la vía pública".
