Entre otros objetivos está prohibir la utilización del papel denominado “Alto Blanco Alcalino” y todo aquel en cuyo proceso de industrialización y blanqueo se utilice cloro en cualquiera de sus formas y estados químicos.
De esa forma se busca coherencia entre los actos de gobierno y el discurso, puesto que se sostiene que “por un lado proclamamos el No a la Contaminación y por otro lado estamos utilizando en toda nuestra actividades administrativas el papel que al ser producido generó contaminación”.
El proyecto, del senador César Melchiori, establece que todos los organismos públicos deberán ir eliminando el uso y compra del mencionado papel, en todo su gramaje. No obstante la norma establece una excepción que alcanza a “aquellos actos administrativos u otros que por su naturaleza jurídica requieran de una especial presentación, quienes podrán usar otro tipo de papel”.
En tal sentido, “las áreas de compras y suministros de todos los organismos deberán proceder a comprar papel sin procesos de producción química contaminante –método TCF– debiéndose aumentar paulatinamente la utilización de aquellos que contengan un 20% de fibras recuperadas, pudiendo ser estos de color mate u opaco, condición que deberá quedar fehacientemente aclarada en los pliegos de llamado a licitación y para la compra directa de este elemento”.
