La carta, fechada el 16 de abril y firmada por Mario Plotz y Eldor Aníbal Hut, vicepresidente y presidente de la Asociación Forestal, exhorta a Miceli a cumplir cinco puntos: el cese de la “intervención” a la Dirección de Forestación, y el nombramiento de un ingeniero forestal de carrera; la reubicación de la Dirección en el organigrama de la SAGPyA; el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director de Forestación; la agilización de los trámites de los expedientes forestales; y la reactivación del Proyecto Forestal de Desarrollo.
La Asociación, cuya sede se encuentra en Oberá (Misiones), describe la “increíble situación de destrucción del modelo de desarrollo forestal argentino” en la que se encuentran miles de pequeños productores, afincados principalmente en la Mesopotamia.
Debido a que en el siglo pasado, el país perdió el 70 % de sus bosques -problema que ha vuelto a agravarse por nuevos desmontes- actualmente se importan productos forestales por cientos de millones de dólares, a pesar de “enormes extensiones de tierras aptas para el desarrollo de bosques implantados de rápido crecimiento, única solución al déficit citado, y generar excedentes exportables”.
A lo largo de 40 años se han probado distintas medidas de promoción. Desde 1988, se optó por la figura de “pago contra plantación lograda”. Las medidas quedaron sin efectos en 1989. Luego comenzaron a desembarcar mega empresas multinacionales, y empezó a desaparecer el pequeño y mediano forestador.
Debido a una “denuncia anónima”, el Secretario de Agricultura intervino la Dirección de Forestación, dependiente de la Subsecretaría a cargo del Javier De Urquiza, y designa como “interventora” a la Dra. Ester Malacari, una abogada. La Asociación considera que se trata de un cargo netamente técnico forestal.
A criterio de los forestares, la intervención destruye “lo poco que quedaba de un modelo de desarrollo forestal, que tenía por protagonistas a los pequeños y medianos productores forestales, modelo de desarrollo que otras regiones o países desean y les cuesta implementar”.
Además, evalúan que lo que se foresta anualmente, no cubre lo que se tala. “Hoy existen menos plantaciones forestales que en 1999. Y lo peor es que hay recursos disponibles no utilizados”, indicaron en la nota.
En consecuencia, consideran que se está cometiendo un “genocidio”. “30.000 pequeños productores que se ven obligados a malvender sus propiedades y engrosar las villas miserias de las ciudades”, señalaron en la misiva.
