“Mientras el Estado entrerriano se pierde en los laberínticos pasillos de la burocracia, los productores siguen estando al medio de una situación incómoda y que no han elegido. Es más, hoy son víctimas de la inoperancia de este gobierno provincial que no ha hecho funcional en Entre Ríos una ley nacional que tiene varios años, en una clara demostración de desidia y desprecio por la producción agropecuaria y por el medio ambiente”, aseguraron.
La ley (N° 27.279) establece que la Fundación “Campo Limpio”, integrada por empresas que conforman la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), es la que debe llevar adelante el esquema de devolución y reciclado de envases “pero hasta ahora el gobierno entrerriano se va en reuniones, anuncios, repeticiones y otras reuniones. Eso es todo”.
“Este espiral burocrático conlleva perjuicios por partida doble: por un lado no existe un lugar para depositar los bidones vacíos de fitosanitarios con los riesgos que presupone, y por la otra, se producen controversias y encontronazos con la sociedad porque queda la sensación que los productores no quieren hacer bien las cosas. Y el hecho es que quieren, pero el Estado no avanza y obliga a dejar en los campos los bidones porque no hay voluntad política de poner en marcha los CAT. Los entrerrianos debe saber que no podemos desprendernos de los envases de fitosanitarios porque no hay lugar de almacenamiento establecido”, sostuvieron.
Desde las entidades rurales indicaron que “los productores estuvieron muchísimo tiempo esperando que el gobernador Bordet designe una dependencia para que sea competente en la materia. Ahora eso está resuelto porque se nombró al área de Ambiente, pero los avances en la práctica son inexistentes. En realidad, nadie puede entender por qué no hay celeridad en este tema. Mientras tanto, los productores seguimos soportando los ataques infundados de diferentes sectores que no saben cómo son las cosas pero igual nos descalifican, hecho que se agrava con el oportunismo de algunos políticos. Asimismo, también hay cierta responsabilidad de las Municipalidades en el silencio ante esta ausencia del Estado provincial. Existe mucha verba inflamada sobre el medio ambiente pero poco trabajo concreto”, criticaron.
Los objetivos de la ley N° 27.279 son garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente; asegurar que el material recuperado de los envases que hayan contenido fitosanitarios no sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos negativos sobre el ambiente; entre otros. “No buscamos ni propiciamos grietas con la sociedad. Todo lo contrario. Sólo necesitamos que el Estado sea eficiente. Tan simple como eso”, finalizaron.
