Para ATE, el grave hecho recordó a las violentas manifestaciones de 2008 cuando sectores privilegiados de la actividad agropecuaria, en el conflicto por la Resolución 125 de Retenciones Móviles, exhibieron el mismo nivel de intimidación sobre la sociedad en su conjunto.
No es un dato menor que, según publicaron algunos pocos medios, el supuesto agresor tenga estrechos vínculos con la actividad agropecuaria y haya participado activamente en violentos hechos ocurridos durante y después del llamado Conflicto por la 125. Como tampoco lo es el rechazo de aquellos sectores a cualquier tipo de intervención del Estado como regulador de la actividad.
Los inspectores de la AFIP fueron atacados con 23 balazos cuando que iban en un vehículo por la ruta 130 desde Villa Elisa hacia Colón.
ATE recordó que, en una acción de intimidación similar durante los momentos más candentes del conflicto con las patronales agropecuarias, trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación afiliados a ATE fueron atacados por un piquete agropecuario en Chajarí. Allí les dieron vuelta la camioneta en el que se trasladaban, con ellos adentro.
Desde ATE se señaló que todos los actores de la economía deben acatar las normativas que rigen en materia de política fiscal, y se agregó que en el caso de estar en desacuerdo hay caminos a seguir dentro del marco legal e institucional correspondiente. Así, se resaltó que de ninguna manera la violencia explícita, ni simbólica, es el medio para hacer conocer la pretensión a un derecho.
En este sentido, se recordó que desde la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Entre Ríos se elevó al gobierno provincial un proyecto de Reforma Tributaria en el que se propone una manera de recaudar distinta, que haga recaer el mayor peso tributario sobre los que más se han beneficiado con el actual modelo en curso.
