El legislador agradeció a la directora general de Agricultura de la provincia, Elena Rosales, por la invitación y comentó a los presentes que en la provincia aún está vigente una norma de los años 80, referida al uso de plaguicidas. Destacó que cuando se presentó el proyecto “se tuvo en cuenta una serie de discusiones anteriores y la necesidad de lograr una herramienta que sirva para la producción y tenga en cuenta las necesidades de preservar la salud de la población”.
Arlettaz consideró importante poder presentar el trabajo a representantes de otros estados provinciales, porque desde senado “siempre hemos pensado que las leyes tienen que ser similares en todo el territorio, en el marco de lo que proponen las autoridades nacionales”.
“Cuando presentamos este proyecto lo hicimos en la seguridad que los productores no trabajan de sol a sol para suicidarse contaminando la tierra en la que viven junto a sus hijos”, afirmó.
Participaron representantes de los gobiernos provinciales y funcionarios y técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El legislador opinó que desde la comisión de producción se tiene en cuenta que “se debe producir más, innovando, trabajando con agricultura de precisión, y por eso queremos seguir avanzando buscando la mejor ley posible. Consensuar aquí es posible porque sabemos que la gente en Entre Ríos, trabaja bien, con el objetivo de cuidar el medio ambiente”.
En el marco del diálogo con los presentes en este encuentro Federal surgieron una serie de aportes. Arlettaz pidió que los mismos sean enviados cuanto antes. El representante de Mendoza señaló que “habría que lograr una coordinación permanente con el ministerio de salud de cada jurisdicción”.
El legislador entrerriano consideró esto como “necesario y posible”, añadiendo que “cuando pensamos en la autoridad de aplicación hemos tenido en cuenta que hay que dotarla de los recursos necesarios, generando una estructura que pueda hacer un control real en todo el territorio, por lo que el proyecto propone un fondo específico que podrá ser administrado por el ministerio de la producción para lograr una aplicación efectiva de la norma”.
No faltaron comentarios sobre el tema distancias, en lo referido a generar ámbitos protegidos del impacto de las aplicaciones. Arlettaz explicó que “es uno de los temas más sensibles, buscando generar un espacio entre zona con población y la zona de fumigación”.
Los senadores entrerrianos han puesto énfasis en el caso de las escuelas rurales, “a las que habría que generarles además una barrera arbórea, que es una de las propuestas surgidas en comisión”.
Y en lo que hace a la disposición final de los envases, añadió que se trabaja teniendo en cuenta las prácticas que se observan en el campo entrerriano, tratando de alejar, con el buen manejo, el peligro para los trabajadores y habitantes.
Se analizó el alcance de la ley 10028 y su aplicación, para tratar de complementarla con los objetivos de esta ley. En ese sentido Arlettaz dijo que “se ha pensado en hacer chips con los envases, para que ese producido sea utilizado en la construcción de cañerías para cloacas, generando así un círculo virtuoso y una forma de bajar costos para municipios, como así también en vender fuera de la provincia”.
El legislador reiteró su concepto en el sentido que “la gente de campo no se quiere suicidar, no va a realizar prácticas negativas para su salud”, expresando además que “hay un sistema productivo que indefectiblemente hace uso de productos para mejorar sus rendimientos, respondiendo así a la demanda mundial de cereales y en este marco consideramos la necesidad de legislar para compatibilizar el proceso productivo con el cuidado de la salud”.
La Comisión Federal Fitosanitaria es un organismo de integración provincial, nacional y regional, de participación en las decisiones de la problemática fitosanitaria, dentro del contexto de producción económica sostenida, protección de salud humana y el medio ambiente. Está constituida por los representantes de las provincias, SENASA y del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.
Fue integrada mediante acuerdo firmado el 15 de octubre de 1987, entre representantes de las provincias y relanzada en 2005, a través de una resolución emanada del Consejo Federal Agropecuario.
