La denuncia fue realizada por la FIA en el 2001, luego de una presentación formalizada por el entonces vocero Martín Fabre (actual Coordinador General de Unidad Ejecutora Provincial).
La causa en su momento recaló en el juzgado a cargo de Susana Medina de Rizzo, ahora vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Allí se consignaba que “a través de la apariencia de contratos individuales de publicidad con la firma Val Producciones de Silvina Patricia David, se habría obviado deliberadamente el cumplimiento del artículo 3º, inciso “f” del Decreto 795/96 que regula las contrataciones del Estado y dispone evitar las contrataciones parciales, simultáneas o sucesivas. Desde Información Pública se firmaron cada mes, órdenes de publicidad por una cifra mayor a los 10.000 pesos, monto límite que está facultado a autorizar el secretario General de la Gobernación. De tal modo, entre abril y agosto de 2000 se contrató con esta firma un monto aproximado a los 100 mil pesos. Se agrega a esto la utilización de órdenes de publicidad “bis”, creados de forma tal que se torna dudosa su correspondencia con las fechas en que realmente se suscribieron y la probable falsificación de instrumentos mediante la adulteración de los contenidos de planillas y firmas”, según consignaba la ex FIA.
