Por la omisión de investigar lo que había pasado con las catorce personas cuyos restos habían aparecido en las costas en diciembre de 1978 y por impedir su reconocimiento, Bava procesó por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a Facio, un vecino famoso de Dolores.
Asimismo, el juez también resolvió procesar al médico policial Miguel Cabral y al exjefe de Catastro del municipio de General Lavalle Juan Domingo Montenegro, que fue parte del encubrimiento –tal como surge de los documentos de inteligencia de la Policía Bonaerense– para que no se hallaran los cuerpos que estaban enterrados como NN.
En la resolución, Bava también procesó a siete exagentes de la policía bonaerense que cumplieron funciones en la costa: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui. A un octavo efectivo, Santiago Piñero, le dictó una falta de mérito.
Facio fue nombrado juez en agosto de 1976 por Ibérico Saint Jean –el interventor de facto en la provincia de Buenos Aires– y estuvo en el cargo hasta mediados de 1984, lo que equivale a decir que su ejercicio de la magistratura estuvo restringido a la época del genocidio.
“Como magistrado a cargo de toda la investigación tenía el mapa completo de todo lo que estaba ocurriendo –escribió Bava sobre la responsabilidad de Facio–. Sabía de la existencia de catorce cuerpos arrojados por el mar en idénticas condiciones; sabía que presentaban lesiones que se correspondían con los vuelos de la muerte; había sido puesto en advertencia por Madres de Plaza de Mayo que entre esos cuerpos podían estar sus hijos, víctimas de la dictadura militar; un juez que lo suplió durante un mes advirtió todo esto y dio lugar al Habeas Corpus y al reconocimiento de los cadáveres; y, en todo ese contexto, el imputado hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir ese reconocimiento y para cerrar las investigaciones a fin de que no se investiguen los asesinatos ni sus autores”.
La investigación de Bava se ciñó a lo sucedido con los restos de catorce personas que habían aparecido entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en las costas. En democracia, diez de esos cuerpos pudieron ser identificados gracias a los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esos fueron los casos de Cristina Magda Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez, Carlos Antonio Pacino, Santiago Villanueva y Omar Rodolfo Farías. Cuatro de ellos habían estado secuestrados en el circuito conocido como Atlético-Banco-Olimpo, según consignó Bava en su fallo.
Según informe del EAAF citado por Bava, los vuelos de la muerte fueron empleados como metodología para la eliminación de personas que estaban cautivas en centros clandestinos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Sin embargo, como en estos casos, se produjeron hallazgos que permitieron reconstruir lo sucedido con determinadas víctimas del accionar represivo. «Como una marea de verdad sobre la costa atlántica argentina; como una herida abierta; como un cabo suelto en el plan perfectamente diseñado –escribió Bava–. Así, pese a todos los intentos de negar la muerte, la muerte se la ingenió para aparecer y gritarle a toda la sociedad que allí estaba. Lo indecible, lo indeseable. Allí estaba toda la verdad que se intentó ocultar, aquella verdad que intentaba ocultar los dichos cínicos de (Jorge Rafael) Videla».
Los tribunales argentinos ya acreditaron que la Armada usó los vuelos de la muerte para deshacerse del grupo de militantes secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz –entre quienes se encontraban tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet– y también lo hizo el Ejército para eliminar a quienes estaban secuestrados en Campo de Mayo.
