Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia indicaron que la instancia que se abre “posibilitará el esclarecimiento de los hechos”.
Esta línea de investigación surgió luego del juicio oral de la causa conocida como Hospital Militar, en 2011.
Luego de que la melliza mujer, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, recuperara su identidad en 2008, se intenta dar con el paradero del mellizo varón y establecer las responsabilidades penales por lo sucedido.
Las querellas y la fiscalía entienden que el paso de los niños por el Instituto Privado de Pediatría fue necesario para la apropiación de los bebés.
“Sostenemos que los médicos conocían el origen de los mellizos y que a pesar de ello no dieron aviso al juez de menores, y en vez de entregarlos a las personas legitimadas para hacerlo, padres o tutores, se los entregaron a sus apropiadores. En el caso de Sabrina está probado que la entregaron a Amelong y Pagano”, señaló Sofía Uranga, coordinadora de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos y abogada querellante por Hijos Regional Paraná.
“Se les imputa la supresión de la identidad de dos menores de diez años y la retención y ocultamiento de los dos niños”, indicó. “Esto se suma al procesamiento que se realizó el año pasado con Miguel Torrealday, otro de los socios, a quien también se había dictado falta de mérito, luego vino la apelación y el procesamiento”, señaló.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos celebraron lo resuelto por la Cámara: “Estamos muy contentos porque significa un avance en el objetivo de poder encontrar al Melli. En ese camino buscamos que se haga justicia y establecer las responsabilidades penales. La Cámara ya había dicho en una resolución anterior que había que investigar a toda la institución”, sostuvo Uranga, quien consideró que “El Juez Ríos tomó una decisión política cuando señaló que no había que procesar a los médicos y dictar falta de mérito, porque la prueba era suficiente. En este caso se ve claro como actuó la complicidad civil en el marco de un plan sistemático de apropiación de niños. Era necesaria para que se perpetúe esa apropiación; aunque los jueces ahora señalan que esa participación es secundaria”.
Apelación.
La apelación, realizada en el mes de octubre de 2015, fue realizada por el Fiscal de Cámara Ricardo Álvarez, la Asociación HIJOS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y las querellas de Sabrina Gullino Valenzuela Negro y Sebastián Álvarez.
