El juez además, les trabó un embargo de $ 1.000 sobre los bienes de cada uno. también, llamó a declaración indagatoria a Carlos Barrientos, la persona que denunció y sacó a luz la trama oculta del cobro fraudulento de Planes Trabajar en la localidad del norte entrerriano.
A Ibarrola y Palauro, Quadrini los sindica como coautores de la defraudación, mientras que a Morales como partícipe necesario. En la resolución, el juez acredita que el Intendente y el Secretario de Obras Públicas “incurrieron en la irregularidad pasible de ser encuadrada en un accionar delictivo en tanto acordaron el Plan Trabajar a personas que no estaban en condiciones de beneficiarse con el mismo”.
La denuncia fue interpuesta en enero de 2000 por Barrientos, un beneficiario del Plan Trabajar. Esta persona trabajó en la secretaría de Obras Públicas hasta mayo del 99, luego se traslado a Tucumán hasta octubre de aquel año. Cuando regresa, se anoticia que personas desconocidas habían cobrado en el Correo Argentino el plan a su nombre de mayo a septiembre.
El juez, al tomar declaración testimonial a otros beneficiarios del plan, se encuentra con que se trataba de empleados municipales. Y deja en claro que ese procedimiento “estaba vedado, dado que precisamente se trataba de un instrumento destinado a brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social”.
La resolución, más adelante, agrega un agravante: “el dinero que correspondía a los supuestos beneficiarios inscriptos era en realidad percibido por Palauro con la complicidad de quien se desempeñaba como Jefe de Correos y tenía la responsabilidad de efectivizar el pago de los importes”.
El magistrado también no excluye de las responsabilidades al entonces intendente Ibarrola. “En un municipio de esas características, no podía desconocerse la circunstancia de que parte de los planes trabajar acordados, eran abonados a empleados municipales”. Además, añade otra irregularidad que no podía pasar desapercibida: “en ausencia de los beneficiarios, se proseguía el cobro de terceras personas que no respondían a la identidad del beneficiario”. Como ejemplo, Quadrini citó que Palauro habría sido quien cobró el plan correspondiente al denunciante, Barrientos.
Respecto del denunciante, Quadrini establece que “habría existido un acuerdo entre Barrientos y Palauro para que éste último percibiera el plan acordado a Barrientos”. En consecuencia, el titular del Juzgado Federal entiende que quien aparece denunciando el hecho, “resulta involucrado dolosamente al mismo, al menos con un grado de sospecha que amerita el llamado a prestar declaración indagatoria”.
Además, pidió al Ministerio de Trabajo los originales de los recibos de pago firmados por los beneficiarios; el listado de los beneficiarios entre mayo y octubre del 99 para determinar quienes eran empleados municipales en ese período y pide que concurran a prestar declaración testimonial a todos los beneficiarios del Plan Trabajar para verificar “si efectivamente firmaron los recibos”.
