Cabe recordar que el gobierno nacional decidió a fines de septiembre relevar a quien hasta ese momento se desempeñaba como director general de Gendarmería, Pedro Pasteris, quien fuera Jefe del puente internacional de Paso de los Libres, en Corrientes, entre 1980 y 1983, donde fueron secuestradas al menos nueve personas en los años del terrorismo de Estado.
Ahora se suma esta orden de captura dictada por el juez Oliva que fue derivada a las distintas fuerzas de seguridad nacionales para que ubicaran a los coroneles Molina y Riú en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Filippo tiene su último domicilio en la ciudad de Córdoba y Fernández en Misiones. En tanto, Simón se encuentra detenido y a disposición de un juzgado federal de la Capital Federal, aunque por otra causa.
De acuerdo a la causa que lleva adelante el juez Oliva junto al secretario de ese juzgado, José Luis Mora y Araujo, los acusados formaron parte de un sistema represivo que funcionaba en el sitio de detención conocido como «La Polaca», una estancia de 40 hectáreas ubicada a pocos kilómetros del puente que une Paso de los Libres con la localidad brasileña de Uruguayana.
En ese lugar, según el expediente, permanecieron detenidas varias personas, entre ellas militantes montoneros interceptados cuando trataban de traspasar el puente internacional para reingresar al país.
La investigación se inició en agosto de 2004, con una nota enviada al fiscal federal general y al fiscal federal local, Germán Wiens Pinto y Benito Pont, respectivamente, la que acompañaron con un ejemplar del periódico «Sepa», del 19 de julio de ese año, en el que se hace referencia al centro clandestino «La Polaca», que habría funcionado en esta ciudad entre 1976 y 1983, en una estancia ubicada en las márgenes del río Uruguay.
La nota definía al lugar como «un campo de concentración y probablemente de exterminio» durante la última dictadura militar.
A partir de esta presentación, el juez Oliva inició una investigación para respecto a la desaparición de Lorenzo David Viñas, el sacerdote Jorge Adur y Carlos Marcón.
Las declaraciones del ex integrante de los servicios de inteligencia, Carlos Waern, en las que comentaba a un canal de televisión local el funcionamiento de «La Polaca», aceleraron el proceso investigativo, aunque Waern se negó a declarar ante la Justicia.
Sin embargo, el juez Oliva tomó como testimonio un informe escrito por el ex agente de inteligencia que ratificaba lo revelado y que había sido vendido por Waern a un estudiante de antropología.
