La denunciante adelantó que va a apelar la decisión de Bacaluzzo por el sobreseimiento de su hermano Luis Miguel en lo que respecta a la utilización de créditos tomados al banco Itaú para beneficio personal. Lo que se califica como estafa.
Entre las maniobras de vaciamiento se encuentra el traspaso fraudulento de propiedades y el desvío de créditos en dólares a tasa subsidiada por el Estado, que habían sido otorgados a para la producción de soja. Los abogados de Dolores entienden que en “la ruta del dinero” hay elementos suficientes para afirmar que esos créditos fueron utilizados para financiar el vaciamiento de El Diario.
Esta causa fue cajoneada y se activó en noviembre de 2020, cuando el militante social Juan Grabois ingresó en Estancia Casa Nueva y denunció a sectores de la política y al Poder Judicial de ser cómplices de la maniobra. A las 48 horas, el juez Carlos Ríos (fallecido posteriormente) imputó a los Etchevhere y Grenón.
Lo cierto es que lo resuelto por Bacaluzzo reconoce la actividad delictiva de los denunciados.
En mayo de 2018, El Diario despidió sin causa y sin cumplir con indemnización alguna a 80 trabajadores. La mayoría decidió litigar y en la actualidad se encuentra con sentencia firme, luego de que la empresa no haya apelado lo resuelto en primera instancia.
Hace unas semanas Página Judicial dio cuenta de un episodio que enturbia el proceso judicial que se lleva adelante en el marco del concurso preventivo. El juez Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia hizo lugar a la venta de un terreno de 700 metros cuadrados en el barrio privado Puerto Urquiza en tan solo $8 millones, hasta cinco veces menos del valor de mercado.
La autorización del juez a los dueños de El Diario (Grenón fue reemplazado por Ramiro Nieto) tuvo como argumento la necesidad de los propietarios de hacerse de fondos para el pago de salarios en la empresa que, a todas luces, es inviable hace años por su inexistente incidencia en el mundo periodístico y comercial.
La sospecha es que la autorización de venta del capital inhibido forma parte de una simulación. Es decir, se están auto vendiendo a precio vil para vaciar SAER y proteger esos bienes inmuebles que hoy deberían estar a disposición para ejecutar las sentencias firmes y favorables que obtuvieron los trabajadores. Un segundo vaciamiento.
El procesamiento de Bacaluzzo incrementa el estado de sospecha de los trabajadores sobre el accionar de Moia y la demora en el proceso cuando no hay nada más para hacer que proceder a pagar las indemnizaciones fijadas por fallo judicial.
La magistrada dispuso:
I – Dictar el sobreseimiento de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, imputados como autores de los delitos de administración fraudulenta y tentativa de administración fraudulenta. Primer hecho.
II.- Dictar el sobreseimiento de Luis Miguel Etchevehere, imputado como partícipe necesario de los delitos de Administración Fraudulenta y Tentativa de Administración Fraudulenta– Primer Hecho- (arts.335, CPPER (Ley 4348) y Arts. 173, inc. 7°, 42 y 46 del Código Penal).
III.- Dictar el procesamiento de Viviana Graciela Grenón, Leonor María Magdalena Barbero Marcial y Germán Esteban Buffa como autores del delito de administración fraudulenta –Segundo Hecho- (conforme. Art. 302, CPPER (Ley 4843) y Arts. 173, inc. 7° y 45 del Código Penal).
IV.- Dictar el procesamiento de Walter Roberto Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta– Segundo Hecho- (conforme. Art. 302, CPPER (LEY 4843) y Arts. 173, inc. 7° y 46 del Código Penal).
V.- Dictar el sobreseimiento de Luis Alberto Guevara imputado como autor del delito de administración fraudulenta- Segundo Hecho- (conforme. Arts.335, inc. 4º, CPPER (Ley 4348) y Arts. 173, inc. 7°, 45 y 34 del Código Penal).
