La Oficina Anticorrupción y Ética Pública presentó la demanda el 1 de marzo último; en el mes de mayo, el Fiscal requirió la instrucción formal, con lo cual hizo propia la argumentación del denunciante, admitiéndolo como querellante. Ahora el juez de Instrucción determinó su procesamiento, en el marco de las actuaciones caratuladas “Fernández Armando Tomás s/negociaciones incompatibles con ejercicio de sus funciones”.
El departamento con cochera esta ubicado en el edificio de Buenos Aires y Ecuador, y fue adquirido, el 17 de mayo de 2002.
La causa se inició por denuncia de la Oficina Anticorrupción que tomó elementos de la auditoria realizada por el Tribunal de Cuentas, donde se señala, entre otras cosas que el siniestro por el que se indemnizó a Fernández ocurrió en abril de 2002 y ya en mayo de 2002 estaba lista la liquidación, cuando por lo general casi todas las indemnizaciones por siniestro liquidados se materializaban, en esa época, en períodos de tiempo mucho mayor.
En otra auditoría, cuyo informe se fechó el 10 de junio de 2004, el TdeC estableció que el asunto “fue manejado en forma directa por el directorio” y que, si bien pudieron haber existido fundamentos que avalaran la venta en forma directa, “la elección de los compradores no habría sido realizada en forma transparente, ya que no existe documentación que permita determinar cuales fueron los mecanismos utilizados para la elección de los mismos”, mientras no logra explicarse por qué no se recurrió al remate público.
Según la información publicada por Cuestiones On Line, se dispuso también trabar embargo sobre bienes del encartado hasta cubrir la suma de pesos un mil, a los efectos del artículo 534 del C.P.P., y en caso de no contar con bienes o resultar estos insuficientes disponer su inhibición general de bienes.
El 25 de setiembre Fernández compareció en el Juzgado de Instrucción número 5 a prestar declaración indagatoria. Al ex director del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, se le acusó de haberse aprovechado del cargo que ocupaba en el directorio del ente en beneficio propio, entre el año 2001 y 2002.
A Tomás Fernández se le imputa el delito previsto en el art. 265 del Código Penal: negociación incompatible con la función pública.
