El último y escandaloso fallo en materia de prisión preventiva domiciliaria en la causa donde se investigan delitos de corrupción en la Legislatura; decisiones arbitrarias y unilaterales en el Jury de Enjuiciamiento; órdenes de detención a horas de la realización de un acto político del sector rival; confusión por sospechas de vinculaciones de amistad y negocios entre investigadores e investigados; prisión preventiva para quienes están siendo objeto de reproche penal y pertenecen a un bando, y nada para los del bando del gobernador; operaciones mediáticas cruzadas y que advierten de actos del ámbito judicial que luego suceden; injerencia del Ministerio de Gobierno en fiscalías y juzgados; notoria desigualdad a la hora de aplicar la ley al decidir prisiones preventivas; intento de modificar el procedimiento en el tratamiento de apelaciones en amparos cuando las sentencias no benefician al gobierno, son algunos ejemplos de acciones nocivas que están atacando los cimientos fundacionales de la justicia entrerriana.
La responsabilidad es de unos y otros, sin embargo, frente al escarnio que generan estos enemigos declarados, son los jueces y fiscales probos y dignos, en tanto se precien del rol institucional que les cabe, quienes deben asumir el ejercicio de la independencia que la Constitución les otorga e impedir los destrozos y daños colaterales que se están provocando. Las víctimas son la sociedad y los derechos fundamentales de la convivencia.
Hoy, se ve a la Justicia tolerando privilegios, inequidad y desigualdad ante la ley. Son los propios magistrados quienes tienen que poner las cosas en su lugar. Nos queda a los partidos de la oposición la construcción de una propuesta que reciba el voto popular mayoritario para derrotar en los comicios a la dirigencia responsable, en una y otra línea, del deterioro que lastima a la Justicia entrerriana.
