El decreto 5.369, que el lunes firmó Busti, reglamenta el artículo 3º de la Ley 5.144, fechada el 28 de junio de 1972, referida a la creación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). Esa norma señala que el Iafas “tendrá a su único y exclusivo cargo la explotación de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelva autorizar y oficializar en el ámbito de la provincia de conformidad con el régimen que el mismo establece”.
El texto del decreto 5.369, que reglamenta esa ley, estipula en su artículo 1º que “la explotación y administración” de los juegos de azar puede realizarse a través del Iafas “de manera directa o conjuntamente con terceros concesionados para proyectos integrales de emprendimientos turísticos”.
Esos emprendimientos turísticos relacionados con los juegos de azar, señala la norma firmada por Busti, para ser aprobados, “siempre deberán adjuntar en su oferta un proyecto integral de inversión turística que contemple costos totales, posibilidad financiera de afrontarlos, flujo de fondos, y período de recupero del capital, a los fines de que el Estado pueda determinar cuál es la alternativa más conveniente”.
Aunque no esté expresamente indicado en el decreto, la norma parece haber sido redactada a medida del hotel que se inauguró en Victoria, y que de ahora en más tendrá la posibilidad de anexarle una sala de juegos.
ATE rechaza
Conocido el decreto, desde ATE, César Peralta y Guillermo Cubas, delegados en el Iafas, plantearon un rechazo de plano al texto del decreto, y reclamaron su revisión antes de que sea publicado en el Boletín Oficial. “No estamos de acuerdo con este avance de la actividad privada sobre los juegos de azar, que son exclusividad del Estado. Ese decreto viola la ley de creación del Iafas, y por eso estamos evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales, y también disponer medidas gremiales de rechazo”, señalaron.
Antecedentes
El período en que Pablo Bertellotti dirigió los destinos del Iafas, durante buena parte de la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, marcó un punto de inflexión para el retiro del Estado y el ingreso de inversores privados en los juegos.
Fue a través de la resolución 1.337, del 28 de diciembre de 2001, cuando se autorizó la “contratación por vía directa de excepción, previo cotejo de precios, para la provisión de máquinas tragamonedas” en varias salas de juego de la provincia.
El argumento que entonces se usó fue que “la evolución operada en el gusto y preferencias del público apostador que habitualmente asiste a las salas de juego instaladas en esta jurisdicción, demandan que desde este instituto se proceda a satisfacer las mismas y en consecuencia se vea obligado a expandir la cantidad de salas y máquinas con que habitualmente se cuenta”.
Aunque Bertellotti tenía, a su vez, otro antecedente. El decreto 2.052, que el actual gobernador Jorge Busti firmó durante su segunda gestión, en 1989, y que allanó el camino para que empresas privadas empezaran a compartir ganancias con el Estado, mediante la instalación de tragamonedas en Gualeguaychú, Concordia y en Paraná, cuando el Hotel Mayorazgo estaba en manos de Barrancas del Paraná SA.
Esa privatización parcial del juego —que a Bertellotti le valió una denuncia en su contra ante la Justicia por parte del ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira— permitió la llegada a las salas de firmas como las de Yabcar, de José Yabrán, que instaló tragamonedas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, La Paz, Colón y Villa Elisa.
