Gerardo Díaz Ferrán también fue presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) y no fue el único acusado por el vaciamiento de Marsans. También están imputados su hijo, Gerardo Díaz de Santamaría, sobre quien pesaba un pedido de ocho años y nueve meses de cárcel; y otros ocho años para Ángel De Cabo, calificado como "liquidador" de empresas.
Por el mismo caso, Díaz Ferrán permanece en prisión preventiva desde 2012. En 2013 fue condenado a dos años y medio de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros en impuestos al fisco español, por la compra de Aerolíneas Argentinas. En aquel juicio se juzgaba sólo una evasión fiscal, aunque los abogados de la compañía argentina –que no eran parte- habían detectado indicios de apropiación indebida, entre otros.
La quiebra del Grupo Marsans, en su momento uno de los más importantes del sector turístico en España, dejó en 2010 más de 4700 afectados y una deuda acumulada de más de 550 millones de dólares.
El fiscal Daniel Campos también acusaba al número dos de De Cabo, Iván Losada, que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses de cárcel, y a otras siete personas a las que imputa los delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento. La Fiscalía pedía fianzas por importe de más de 1.100 millones en concepto de responsabilidad civil.
En 2001, Díaz Ferrán y su exsocio Gonzalo Pascual -fallecido en 2008- compraron Aerolíneas Argentinas (Arsa) a la Sepi por un valor simbólico de 1 dólar; y siete años más tarde, cuando la compañía perdía un millón de dólares al día, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner la reestatizó.
