El debate interno en el sindicalismo peronista recién dará un veredicto integral en diez días, durante la reunión de Consejo Directivo programada para el 2 de febrero. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana buscarán un nuevo encuentro con la mesa chica de la organización como el de la semana pasada, aunque con más dirigentes. El jueves los funcionarios pudieron dar los primeros indicios de su plan, y el borrador de la propuesta -ver aparte- al triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y a un puñado de gremialistas.
El documento circuló entre sindicalistas y abogados. Hasta anoche, y a pesar de que algunos de sus postulados guardan reminiscencias con los esquemas flexibilizadores impulsados en los 90 y durante la gestión de la Alianza, los ejes centrales no habían despertado mayor oposición en la organización. Incluso varios dirigentes alegaban, en reserva, que se trataba de reformas sin mayor costo para los gremios y con la posibilidad de promover el ingreso al mercado laboral (y por ende, a sus organizaciones) de personas carentes de formación.
Los ítems que hasta ayer habían generado algún entusiasmo por encima del resto eran dos: el que promete reconvertir a los beneficiarios de planes sociales en trabajadores formales con un descuento para el empleador equivalente a la ayuda económica que el Estado le paga en la actualidad, en general en torno de los 4.000 pesos. Los funcionarios dijeron que sólo por este concepto esperan la creación de 320 mil puestos de trabajo.
Pero ese número, siempre en la visión oficial, puede trepar a un millón de nuevos empleos con el nuevo régimen de "prácticas formativas" (antes, pasantías) en empresas, el plan de aliento a la contratación que prevé un subsidio sobre las contribuciones patronales por "los primeros .000 del sueldo bruto en aquellas contrataciones que impliquen altas de nómina y que no superen el 10% de la plantilla, o el 30% en el caso de empresas localizadas en la zona del Plan Belgrano (provincias del norte)", y el blanqueo laboral que impulsará el Gobierno con "liberación de multas y un plan de pagos de las obligaciones frente a la seguridad social", añade el documento.
Sobre estos capítulos los dirigentes que conversaron con Triaca y Quintana fueron tajantes: cualquier modalidad de empleo promovido, de práctica formativa o de "exteriorización" de trabajadores no registrados deberá estar regida por convenios colectivos de trabajo. Esa alternativa chocará con los ideólogos del plan, como el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, que en el caso de las pasantías las plantearon como prácticas "no laborales".
Otro punto incluido en la propuesta con el objeto de seducir a la CGT fue la creación de un Comité de Regularización del Empleo no Registrado con la participación de los gremios y las administraciones de trabajo locales. En otras palabras, se trata de dotar a la central obrera de poder de policía para la fiscalización del trabajo informal, una facultad que promete incomodar a las cámaras empresarias.
Por lo demás, la creencia generalizada entre los sindicalistas es que ningún plan de los ideados por el Ejecutivo tendrá mayor incidencia sobre el desempleo y el trabajo no registrado. En cambio, insistirán en plantearle al Gobierno la necesidad de reactivar la economía y el consumo para sostener el empleo. "Primero se necesita que haya empleo, y estamos en pleno retroceso", graficó ayer el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola a Radio 10.
