En su articulado, la nueva ley dispone que “en todas las dependencias destinadas a la atención pública que dependan de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos, será obligatorio otorgar prioridad y preferente atención a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, enfermos oncológicos y personas mayores de 70 años sin otro requisito que acreditar su edad con un documento de identidad válido que realicen trámites ante ellos en forma personal”.
Kerz presentó el proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja provincial el 22 de abril de 2009 y convertido en ley por el Senado en la última sesión de esta semana. La obligación incluye también a las entidades privadas que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos. Finalmente, el texto de la norma invita a los municipios a adherirse y estimular al sector privado a adoptar esta reglamentación.
