En el banquillo de los acusados estará sentado Javier José María Laner, que administraba una explotación forestal en el paraje Loma Negra, departamento Concordia, donde los trabajadores desarrollaban tareas de desmonte de eucalipto, sin ningún tipo de cobertura legal y por una escasa paga mensual. Los trabajadores vivían dentro del mismo campo, en condiciones muy precarias, hacinados en chozas de palos cubiertas con bolsas de nylon, sin luz ni agua.
La situación se descubrió en un operativo realizado el 23 de febrero de 2011 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en conjunto con el Ministerio de Trabajo provincial, en un campo perteneciente a la empresa Trimaderas SRL. En dos montes se detectó la presencia de trabajadores no registrados, oriundos de la provincia de Misiones, que desarrollaban tareas de desmontes de eucalipto sin cobertura legal.
En un principio, se labraron las actuaciones administrativas por incumplimiento de las normas laborales, pero luego la AFIP giró el expediente a la Unidad Fiscal de de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), y fue el titular del organismo, Marcelo Colombo, quien radicó la denuncia penal por considerar que la situación detectada en el campo excedía un trabajo no registrado, irregular o en condiciones abusivas y se enmarcaba en el delito de reducción a servidumbre.
Laner fue citado a declarar un año después y llega a juicio acusado por la explotación de seis trabajadores y podría recibir una pena de entre cuatro y diez años de prisión.
Durante las tres audiencias en que se desarrollará el juicio, los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros escucharán a 15 testigos, incluidas las víctimas. También están citados los inspectores de AFIP, de la cartera laboral entrerriano y los policías que participaron del operativo. El fiscal será José Ignacio Candioti y Laner será asistido por el defensor oficial, Mario Franchi.
El procedimiento realizado en el paraje Loma Negra, junto con otros que se sucedieron en los meses siguientes, expuso una formidable maniobra de evasión por parte de la cooperativa a la cual figuraban como asociados los trabajadores explotados.
Durante la investigación se verificó que los obreros habían sido contratados por la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada, aunque ellos mismos señalaron a Laner como la persona que daba las órdenes en el campo.
Según las investigaciones posteriores, entre 2011 y 2013, Tierra Colorada, bajo la figura de asociados, colocó al menos 1.363 empleados en relación de dependencia en más 500 empresas, cuyos rubros eran agropecuarias, industrias, comercios, citrícolas, frutihortícolas, yerbateras y agroforestales con las que operaba. De esta forma, las firmas evadieron 52,2 millones en aportes y contribuciones de la seguridad social.
"Las investigaciones preliminares confirman que desde sus comienzos (el 1º de enero de 2011), la cooperativa utilizó a 26.000 asociados a través de una megaestructura administrativa dispersa en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones", señaló la AFIP luego de que se desarticulara la millonaria maniobra de evasión fiscal.
Las cooperativas están eximidas del pago del impuesto a las ganancias, siempre y cuando las utilidades obtenidas sean repartidas entre sus asociados, es decir, entre los propios trabajadores; pero los empleados contratados bajo esta figura por la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada no tenían cobertura por accidentes ni registraban el pago de aportes y contribuciones de ley. Sumado a las condiciones en que se desempeñaban.
