Son varios los sectores del Estado que procuran la aprobación legislativa de sistemas jubilatorios especiales, de modo de acceder a ese beneficio a más temprana edad, y con menos años de aporte. Las maestras jardineras están presionando para que la Legislatura trate un proyecto en ese sentido; también avanzaron los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas); y últimamente se han sumado los fonoaudiólogos.
Actualmente, para el grueso de los empleados públicos de la Administración rige el sistema previsional contemplado en la Ley N° 8.732 que prevé que el retiro se dé, entre las mujeres, a los 57 años; y entre los hombres, a los 62 años. Además, que acrediten 30 años de servicios computados, de los cuales como mínimo 25 deberán ser con aportes en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Pero hay un subsistema jubilatorio que tiene un sistema particular, contemplado por la Ley N° 8.281, y que alcanza a todos los trabajadores de los hospitales psiquiátricos de la provincia. Esos empleados pueden acceder al beneficio de la jubilación con 45 años de edad y 20 de servicio con aportes, como mínimo. Ese beneficio, aclara la ley, sólo alcanza a aquellos trabajadores que hayan tenido un trato directo con pacientes alojados en establecimientos de salud mental.
En breve, se espera que se reglamente la ley que otorga un beneficio similar a los trabajadores del Instituto de Discapacidad, ya que la Ley N° 9.891, que da cobertura integral a los discapacitados en la provincia, prevé también en su artículo 46° que todo agente “ que preste o hubiese prestado servicios en el Instituto Provincial de Discapacidad, se considera comprendido a los efectos jubilatorios por la Ley Provincial Nº 8.281, debiendo computarse a estos efectos los años de servicio prestados efectivamente en el ámbito del organismo”.
Del mismo modo se actuará, adelantó Elías, con los agentes sanitarios, que aunque no hay posición tomada, podrían quedar comprendidos en un régimen especial que les otorgue la jubilación a los 54 y 57 años, según sean mujer u hombre, respectivamente, y 25 años de aporte.
Pero la Caja de Jubilaciones no se muestra proclive a aceptar más sistemas especiales de jubilaciones. Pero en torno a los reclamos de distintos grupos de trabajadores del Estado, que reclaman un acortamiento en la edad para jubilarse aduciendo baja calidad en los ambientes de trabajo, lo que Elías propone es un compromiso desde el propio Estado para mejorar ese tipo de situaciones que se critican.
“Sé que hay distintos sectores vienen planteando su interés en sumarse a regímenes de ese tipo. Ya lo han hecho los trabajadores de los casinos, los médicos de los servicios de Terapia Intensiva de los hospitales de alta complejidad, las maestras jardineras, los choferes, los trabajadores que tienen contacto directo con residuos, empleados de Bromatología y, entre otros, los agentes sanitarios. El último que se incorporó a este es el de los trabajadores del Copnaf. En todos estos casos, nosotros sugerimos contar antes con un estudio científico sobre las condiciones de trabajo para a partir de entonces actuar”, plantea Elías.
La Caja ya comenzó a trabajar en ese diagnóstico. “Ese estudio lo que pretende es identificar los factores que están agrediendo la salud de los trabajadores, y generando lo que muchos dicen como envejecimiento prematuro, patologías traumáticas, deterioro de calidad de vida, invalidez, y en muchos casos, fallecimientos prematuros. Ese primer paso lo dimos, y estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque hay estudios hechos sobre distintos sectores”, señala.
Durante 2011, la Caja de Jubilaciones avanzará en los diagnósticos sobre cada uno de los sectores de la Administración cuyos empleados han reclamado ser incluidos en regímenes especiales. “La idea es que podamos identificar la mayor cantidad de factores que agreden a los trabajadores, y luego vamos a proponer un plan de acción desde la gestión oficial de gobierno, que no sólo identifique esos riesgos, sino que actúe sobre ellos para un mejoramiento general. Necesitamos que el propio Estado aplique estrategias que puedan amortiguar esos factores de riesgo para los trabajadores”, apuntó.
Así, propone, se podría bajar la carga horaria de los trabajadores de los casinos, y evitar la permanencia durante muchas horas en un ambiente saturado de ruido y humo de tabaco; establecer condiciones para que los empleados que atienden las casillas de peaje del Túnel no estén expuestos permanentemente a los gases con monóxido de carbono de los vehículos. “Reducir edades y años de aporte no genera el efecto que queremos, que es que se trabaje mejor”, sintetiza Elías.
El sistema previsional provincial establece que la edad para jubilarse es de 57 años, en el caso de la mujer, y de 62 años en el caso del hombre, con 30 años de aporte. Pero coexisten también regímenes especiales, que prevén la posibilidad de acceso a la jubilación a los 52 y 54 años; o a los 54 y 57 años; los empleados de los psiquiátricos se jubilan a los 45 años, con 20 años de aportes.
La relación de activos y pasivos es de 2 a 1; dicen que la relación ideal debería ser 3 a 1.
En 2011 se espera que haya un 3% más de jubilados, que se sumaría al aumento del 4% que ya hubo en 2010, y a un porcentaje similar en 2009. En los últimos cuatro años, el universo de pasivos aumentó casi un 15%. No así la franja de los activos, que se mantiene casi estable, en una tendencia a un amesetamiento. En la Caja todavía no cuentan con los números finales, pero aseveran que hay un estancamiento.
Actualmente son 75 mil los activos en el Estado. Y los pasivos, suman otros 40 mil.
El pago de esas jubilaciones demanda un gasto mensual del orden de los 110 millones de pesos.
Hay un déficit instalado que ronda el 18%, por cuanto hay un desfase entre el nivel de aportes y el pago de beneficios.
Fuente: El Diario
