En Entre Ríos, la medición tiene lugar sólo en dos conglomerados: Paraná y Concordia. Y, desde la información que emerge de esos enclaves, se produce una extrapolación hacia los 1,2 millones de entrerrianos.
La encuesta permanente de hogares es diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero la realiza personal de la Dirección Provincial de Estadística y Censos.
Es decir, en Entre Ríos hay equipos suficientemente capacitados para encarar el armado de la consulta, la posterior recolección y el procesamiento final de los datos.
Y, así, en lugar de dar por cierto que en modestas o grandes comunidades, predominantemente rurales o deliberadamente urbanas, debe pasar más o menos lo que indica la extrapolación de Paraná y Concordia, se podrá contar con diagnósticos más ajustados a las realidades locales, desde donde plantear estrategias de superación más acertadas.
El asunto será uno de los que abordará mañana el Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Políticas Sociales, formalmente constituido una semana atrás.
La reunión de esta “mesa chica” fue convocada para las 18, en la Casa Gris. Además del gobernador Sergio Urribarri y el ministro del área Ángel Giano, participarán representantes de los sectores empresario y sindical, expresiones de distintas iglesias y del mundo universitario.
En rigor, el primer tema que el Comité Ejecutivo deberá resolver es el de su propio funcionamiento, lo que aparecería incluido en un reglamento.
Pero hay en carpeta cuestiones que seguramente concitarán el máximo interés, como la posibilidad de que haya consejos locales de políticas sociales en cada municipio y, correspondientemente, que de una vez se dé el paso de buscar un modo más adecuado de relevar la situación social en las distintas poblaciones.
Está claro que para universalizar la medición los municipios deberán participar de los gastos extras que demande la realización de la encuesta.
Y, antes aún, el propio Comité Ejecutivo deberá dar el visto bueno. Hay otra idea en ese mismo sentido: que progresivamente, los municipios vayan formando equipos de “promotores sociales” para extender y sostener el trabajo que la provincia encara a partir del plan social sanitario que, como se sabe, consiste en un grupo interdisciplinario itinerante que recorre las áreas más desfavorecidas en cada ciudad, sea para controlar los esquemas de vacunación, para detectar la necesidad de algún beneficio social, para insistir en que no se produzca deserción escolar, para tramitar documentos de identidad donde estuvieran faltando y para difundir aspectos que hacen a la prevención del dengue o cómo actuar ante posibles casos de gripe A.
Lo ideal sería que cada “promotor” tuviera a su cargo entre 70 y 100 familias, lo que permitiría optimizar la efectividad de las políticas sociales, sin lugar a dudas.
También está listo para ser aplicado el registro único de beneficiarios, el consejo de adultos mayores y la asignación universal para la niñez.
Como si fuera poco, el Consejo Provincial de Políticas Sociales es el espacio que reglamentará el artículo 24 de la Constitución Provincial, en el que el Estado asegura “a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo”. En efecto, reza la segunda parte del artículo 24 que “un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”.
Es decir, la reunión de mañana deberá avanzar en un orden de prioridades. Como se sabe, además ya están diseñados: a) un plan para ofrecer préstamos a aquellos emprendedores que no pueden satisfacer las exigencias bancarias, a partir de un consorcio que integra el Estado, Cáritas y el Consejo Empresario; b) un programa especial de viviendas de interés social; y, c) un esquema que procura conformar un mercado de autoabastecimiento comunitario que, además de la provisión de los insumos básicos, procura la capacitación de los ciudadanos involucrados y el acompañamiento de las experiencias.
Al mismo tiempo, habrá que evaluar la marcha de las acciones en marcha, como la tarjeta social, la mesa de fortalecimiento familiar, los centros integradores comunitarios, el programa para celíacos y los planes social sanitario, Abrigo (para combatir el frío), y Ahí, que contruirá 1.200 casas modestas en las 53 localidades entrerrianas con más difícil realidad social.
Estiman las autoridades provinciales que si el comité ejecutivo trabaja de manera eficaz, hasta será más sencillo tramitar financiamiento ante la Nación, dado que, ahora, la propuesta tendrá la autoridad política que le añade el hecho de estar apoyada por un colectivo multisectorial, no sólo por una gestión determinada.
El protagonismo de la sociedad civil
El ministro Giano explicó que las decisiones Comité Ejecutivo del Consejo de Políticas Sociales serán vinculantes y se plasmarán en proyectos de gobierno. El funcionario aseguró que el objetivo principal es que sea un organismo que funcione ejecutivamente con la participación y protagonismo de los sectores de la sociedad civil entrerriana.
“El gobernador nos pidió un consejo que tenga continuidad más allá de la actual gestión y que sirva para transparentar la política social y generar confianza en la comunidad entrerriana”, señaló Giano en referencia al Consejo Provincial de Políticas Sociales, constituido el 18 de agosto. Y agregó: “No será un órgano consultivo, las decisiones serán vinculantes y se plasmarán en proyectos de gobierno que sirvan para construir políticas de Estado. Aspiramos a que la tarea del Consejo demuestre que es posible trabajar juntos Estado y sociedad civil, que ésta sea protagonista del cambio en la forma de gestionar políticas públicas y no espectadora”, enfatizó.
“Esta primera reunión servirá seguramente para crear condiciones tendientes a ampliar y mejorar la representatividad existente y trabajar sobre el rol y las funciones del Consejo y su resolución reglamentaria, entre otros temas que seguramente acordaremos tratar con las instituciones”, informó Giano.
Fuente. El Diario