Con el respaldo de todos los senadores a los dictámenes de comisión dando acuerdo a los pliegos de Alejandro Richardet y Amalia Homar, finalizó el trámite legislativo para la designación de ambos como vocales del Consejo General de Educación.
Ayer, tal como fue anunciado, también tomó estado parlamentario y pasó a comisión el proyecto de Presupuesto para el año 2005, enviado por el Ejecutivo. La intención de los integrantes de la Cámara Alta es trabajar en conjunto con los diputados, para que en caso de ser necesario algún cambio, se haga directamente en el Senado y sea ratificado en la otra Cámara.
También a comisión fue derivado el proyecto con media sanción de Diputados por el que se modifica la ley 9.501 referida al Sistema provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual. El senador Carlos Garbelino adelantó que el martes próximo se reunirá la comisión de Salud para consensuar el trámite que recibirá la iniciativa.
Islas
Resta aún el trámite en Diputados. Pero, cuando se promulgue el proyecto de ley del senador Carlos Orlandi, caducará la tenencia precaria de islas fiscales en el territorio entrerriano y todas estarán en condiciones de ser arrendadas nuevamente pero, mediante “procedimientos públicos de selección de ofertas”.
Diecisiete artículos integran la iniciativa por la que se dejan sin efecto todos los convenios de tenencia precaria que existieran sobre los predios involucrados en el proyecto. Según se denunció durante la sesión, en la anterior gestión, “hasta el 9 de diciembre se entregaron tenencias precarias a amigos del gobierno. Se entregaron islas fiscales en comodato por diez años a personeros del poder”, denunció la bancada justicialista.
El proyecto obliga al Estado provincial a realizar el arrendamiento de todas las islas fiscales de la provincia, fracciones o lotes de las mismas, y anegadizos, que al presente pertenezcan al patrimonio provincial o que en lo sucesivo ingresen al mismo. Se trata de alrededor de 200.000 hectáreas aptas para la producción que servirían para generar ingresos al Estado entrerriano, que serán administrados por la Secretaría de la Producción.
El texto indica que los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos. En cambio, prohíbe expresamente el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.
Lo que ingrese a la provincia será destinado “al Fondo de Colonización y Desarrollo”, que administra la Secretaría de la Producción. Se podrán orientar los recursos obtenidos para políticas crediticias, educacionales y para financiar proyectos de transferencia de tecnología destinada a mejorar la producción, en el marco de programas de desarrollo rural integrales.
Orlandi propuso que parte de lo recaudado sea destinado a un Fondo de Reconversión de la Producción Ictícola, con destino a quienes se dedican a la pesca y para que se pueda preservar el recurso.
“Estos espacios tienen un valor comercial muy grande y hoy son ocupados a través de tenencias precarias”, las que una vez sancionada la ley caerán en forma automática”, destacó el senador de Nogoyá.
Emergencia agropecuaria
Al mismo tiempo, en sendas sesiones, Diputados y Senadores coincidieron en la necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo que declare la emergencia agropecuaria debido a la difícil situación que atraviesa el campo como consecuencia de la sequía.
Mientras los diputados restringieron el alcance del pedido a los departamentos Federal, Feliciano, La Paz y Villaguay, en el Senado el proyecto que inicialmente abarcaba un grupo de departamentos finalmente fue modificado y se hizo extensivo a todo el territorio provincial.
No obstante en la Cámara Alta, el senador Victorio Firpo, que respaldó la iniciativa, advirtió que si bien la aprobación del pedido constituía un hecho político frente al reclamo que, en ese sentido vienen realizando distintas entidades del sector, poco podía aportar en cuanto a beneficios concretos.
Explicó entonces que la declaración de emergencia o de desastre repercute en la prórroga a los vencimientos del impuesto inmobiliario y, en caso de ser homologado a nivel nacional, en la situación de aquellos productores sujetos a créditos del Banco Nación únicamente.
En ese sentido, reparó por un lado, que poco beneficiaría a la Provincia una prórroga generalizada en los vencimientos impositivos, que por otra parte luego complican al productor cuando debe comenzar a abonar las obligaciones actuales más las prorrogadas. Y por otro, apuntó, generalmente no son sujeto de créditos los productores a los que se trata de ayudar.
Destacó que desde hace un mes y medio aproximadamente, desde la Secretaría de la Producción se está trabajando, evaluando los daños en la provincia y las medidas a tomar.
Señaló finalmente, que se justifica la declaración de la emergencia en la producción de arroz pero se complica para la ganadería y la agricultura donde habría que corroborar el 50 % de pérdida o del 70 % para declarar zona de desastre.
