En una reciente investigación, The Associated Press reveló relatos de diez de los sospechosos, cuyas confesiones fueron muy similares: "primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a nuestros seres queridos si no haciamos confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno".
"En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo", declaró Patricio Reyes Landa, uno de los sospechosos que fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.
La nueva confesión de Reyes Landa pone en duda la versión del gobierno, porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero del municipio de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan, en el estado Guerrero.
En este sentido, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, supervisor del caso, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales, que se están haciendo a unos 90 sospechosos presuntamente sometidos a esa práctica ilícita.
El titular mexicano indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran mayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la Procuraduría General de la República (PGR) de México.
Versión del Gobierno
Un mes después de la desaparición de los estudiantes mexicanos en 2014, la Fiscalía de México mostró videos de presuntos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado e incinerado en un basurero de Cocula y sus restos tirados al río de San Juan, en el estado Guerrero.
Versión "no oficial"
Luego de ser revelada la versión oficial, dos equipos independientes de expertos la pusieron en duda, puesto que no había las pruebas suficientes para asegurar el delito.
“No hay una sola prueba o un hilo de evidencia para cambiar su decisión del seis de septiembre de que no se incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula”, indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En contexto
El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela normalista iniciaron una manifestación en contra de la discriminación que sufren por la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local.
Policías municipales detuvieron la protesta disparándoles. El saldo fue: seis personas muertas, al menos 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
La teoría de la PGR indica que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Los investigadores internacionales dicen que su trabajo está lejos de ser completado. Sin embargo, van a dejar México en los próximos días, tras constatar las fallas en la investigación oficial de la PGR.
