“El juez de la Cámara Penal vio que estaban reunidos todos los requisitos formales que tiene que tener un recurso de amparo. Admitió el amparo y en un plazo perentorio de tres días conminó a la municipalidad a que haga su defensa y que presente toda la documentación que pruebe que este servicio con medidores de agua potable en la ciudad”, dijo el letrado.
Yendo a la argumentación del recurso de amparo, García sostuvo que el servicio de suministro del agua potable con medidor instalado es una ordenanza que data de 1986. “Se instalaron algunos que otros medidores y después, poco a poco, se fue abandonando ese sistema. La municipalidad lo fue abandonando para cobrar la tasa de servicios sanitarios por la cantidad de metros construidos. No por la cantidad de agua que usted, alguna jubilada o algún ciudadano de a pie gasta”, dijo.
“La pretensión de todos los ciudadanos es que le cobren por el agua que gastan y no por los metros cuadrados que tiene edificados: me parece que es un pedido razonable”, opinó el letrado. “Y menos que le hayan subido el 167 % de piso cuando la inflación en el país fue del 54 %. Ya estamos hablando de una suma confiscatoria. Y confiscar está prohibido por la Constitución”, argumentó.
DIARIOJUNIO intentó averiguar esta mañana si el municipio respondió al recurso de amparo. En la Sala Penal informaron, recién cerca del mediodía que, hasta el momento, no llegó ninguna respuesta desde la municipalidad.
García dijo que la pretensión del recurso es logra que se suspenda por seis meses para que el ciudadano de a pie. “El vecino que me pidió tiempo porque necesita dinero para colocar el medidor, que cuesta $ 5.000, y los 71 sanitaristas que están anotados en Obras Sanitarias cobran de $ 4.000 a $ 7.000 para instalar, tenga al menos seis meses prorrogables automáticamente”, señaló.
Al mismo tiempo, dijo que ese plazo no se le debería cobrar un recargo “absolutamente confiscatorio”. ¿Por qué se le va a cobrar un recargo del 100 % si él necesita un tiempo para colocar el medidor? Esto es de sentido común”, señaló quien fue convencional nacional del radicalismo.
Simultáneamente, García sostuvo que las intenciones que el municipio tenga el mismo tiempo: seis meses, un año o dos años (“lo que la Justicia estime”, dijo) para que pueda organizar el servicio “en base a lo que el ciudadano gasta”. Pero no en base a los metros cuadrados dado que para ello ya existe la tasa inmobiliaria, el impuesto inmobiliario a nivel provincial además del impuesto nacional a los bienes personales. Y sostuvo que la ordenanza que establece que se cobre la tasa en base al consumo está vigente. “El mismo intendente la citó, el Concejo Deliberante la citó”, indicó.
“Yo esperé una solución de los poderes institucionales. Espero que el intendente cambie o el Concejo Deliberante dé una solución”, sostuvo. “Le pido a la Justicia exactamente lo que los ciudadanos me han trasladado. Solamente soy una herramienta, no tengo otra función”, recalcó. Le pido a la Justicia porque es el último recurso. Lo otro se vio: una plaza con 2.000 personas pidiendo cosas muy difíciles de conseguir”, indicó el ex concejal de la UCR. No obstante, DIARIOJUNIO contó cerca de 200 personas en la Plaza Urquiza el jueves pasado.
De la misma forma, dijo que hay ejemplos respecto del funcionamiento del servicio en base a lo que se consume muy cerca de la ciudad cómo los de las Cooperativas de Agua de Villa Zorraquín. “No tenemos que buscar en Europa, en Asia o Norteamérica la solución”, indicó. «Debe haber en Obras Sanitarias muchos empleados capacitado para prestar este servicio. Y los concordienses van a pagar. No digo con gusto porque nadie paga impuestos con gusto en el mundo, pero al menos lo justo”, dijo.
