En la extensa argumentación, el legislador indica que el proyecto intenta dar una solución equitativa a la situación que afecta numerosas familias entrerrianas, en base a los siguientes fundamentos: a) el techo encuentra amparo en los derechos fundamentales protectorios de la persona, como derecho a la vivienda, b) Su objeto es proteger la dignidad de la persona afectada en una situación extrema, c) el principio que establece que “el patrimonio es la prenda común de los acreedores” no se encuentra afectado en la protección del “techo”, por la sencilla razón de que no estamos frente a un bien que solo tiene carácter patrimonial, sino de derecho personal, aún cuando tenga un “valor económico”, etc.
La Legislatura aprobó una prórroga de la ley que suspendía las ejecuciones, pero el Poder Ejecutivo la vetó. Posteriormente, ante esta decisión, la Legislatura comenzó a analizar la posibilidad de rechazar el veto. El Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado, dejó sin efecto aquella decisión y se comprometió el envío de un nuevo texto, lo que hasta ahora no se dio. Esto motivó la preocupación de Melchiori, quien asumió un compromiso frente a representantes de Asuserfi. Tomó finalmente la decisión de presentar la iniciativa que será ahora discutida en comisión.
Otros de los argumentos incluidos señalan que: por imperio de la supremacía de la constitución, el techo como derecho fundamental, es de jerarquía superior al propio código civil, y en consecuencia al del patrimonio como prenda común; se trata “no de una “vivienda digna” sino de la misma “dignidad de la persona”.
