“Me hice presente en San Carlos, donde está funcionando el kiosco que provee agua caliente, mercadería, que atiende al turismo. Me convocaron algunos vecinos que estaban buscando firmas para apoyar a estas familias por un posible desalojo”, señaló.
Además de atender el kiosco, Lima se encarga de contar la historia del Castillo a los visitantes debido a que se ha capacitado como guía de turismo. Es sereno de la obra (nadie cuida de noche el castillo) y se encarga de mantener limpios los sanitarios.
La hija de Lima, Mirta Tejeira, tiene 38 años y padece de un trastorno mental moderado, trastorno depresivo recurrente y síntomas psicóticos. Tiene un certificado nacional de discapacidad que avala su condición. En tanto su padre, de 64, y su madre, de 54, no tienen aportes jubilatorios. “El único ingreso formal es la pensión por discapacidad de la hija y el kiosco”, manifestó Zadoyko.
Al kiosco, Inspección General le hizo una multa de $ 405 (Lima la pagó) y le cortaron la energía eléctrica. Ayer a la tarde, el encargado vio el convenio que la municipalidad formalizó para concesionar el lugar y allí no contempla la antigüedad ni los servicios prestados por Lima. En ese sentido, para el edil hay una “relación laboral encubierta” debido a que en ciertas épocas trabajaba en el desmalezado del lugar con herramientas cedidas por la Dirección de Parques y Paseos municipal.
Otra irregularidad mencionada por el edil es que la municipalidad le ofrece un lugar en la costanera a Lima sin autorización del Concejo Deliberante. Lima tiene una parálisis facial parcial por un episodio de presión generado por la situación de stress que está sufriendo.
Algunos concejales optaron por rechazar el proyecto; otros pusieron de relieve la obra que se hace en San Carlos pero “sin pensar en la vida humana”, dijo Zadoyko. Finalmente se impuso la moción de Alberto Armanazqui, quien pidió que el proyecto pase a la comisión de Salud y Discapacidad.
