El trámite es impulsado por ex referentes del justicialismo entrerriano que a fin de junio se agruparon bajo el espacio denominado “Agrupaciones Peronistas de Entre Ríos”, momento en que ya habían adelantado que pedirían juicio político contra el magistrado entrerriano.
Argumentan para impulsar el pedido de juicio político, la demanda por cuota alimentaria que lleva adelante una mujer ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Lucas Aún, contra el vocal entrerriano.
Los ex dirigentes del PJ piden que se solicite al Juzgado “copias autenticadas de dicho expediente, para que se agreguen a estos actuados y sirvan de prueba incontestable y categóricas”.
La demanda está firmada por los ex senadores nacionales Augusto Alasino y Héctor Maya; el ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el ex legislador provincial Hugo Oscar Berthet; Aníbal José Vergara; Sergio Paz; y el abogado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo.
También presentaron un detalle pormenorizado del “cuantioso patrimonio” que tendría Chiara Díaz, que a juicio de los demandantes si la actividad del magistrado “fuera la política, ya habría sido investigado, más de una vez por enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de caudales o incumplimiento de los deberes específicos del funcionario”.
Y, asimismo, hicieron foco en que “hay serias sospechas, que con el pretexto de conferencias, clases o compromisos universitarios, haya utilizado fondos del STJER, que lejos de ser su sueldo, recibe por otras razones que nada tiene que ver con la libre disponibilidad que tiene de su salario. Inclusive, de soportar los gastos de traslado en avión que regularmente hacia los jueves” que, interpretan, “tiene más color de haberse debido a visitas familiares que tareas académicas”.
En ese orden, los demandantes piden a la Cámara que preside Sergio Urribarri, que se proceda según lo establecido por las normas contenidas en los art. 139 y 189 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, y en consecuencia abra el “procedimiento de suspensión y remoción del juez denunciado, ordenando su suspensión y oportunamente acuse ante el Honorable Senado al juez del Superior Tribunal de Justicia al Dr. Carlos Chiara Díaz, para que oportunamente se haga lugar a su destitución”.
Los integrantes de “Agrupaciones Peronistas de Entre Ríos”, expusieron su legitimación activa para impulsar la denuncia por ser “personas o particulares con activa participación política, somos lo que se dice `militantes políticos´”, se definieron. Y añadieron: “Además de ello y secundariamente hemos sido honrados por cargos partidarios y cargos institucionales, tanto en el ámbito nacional como provincial, y cargos políticos en esferas del poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo solo nuestra calidad de ciudadanos, de “particulares” nos habilita al efecto. En nuestra ayuda acude lo establecido en la mencionada norma del art. 138 de nuestra carta magna y en consideraciones que algunos de nuestros más sabios juristas han sabido expresar”.
Tras detallar otras irregularidades que entienden los demandantes cometió el vocal del STJER en distintos momentos de su carrera judicial, además de las ya mencionadas, concluyeron: “Que queda duda alguna, que la actuación del encartado Chiara Diaza, ha incurrido en una falta ética, moral y cuasi delictual que corresponde encuadrarla como `mal desempeño´ y `perdida de la buena conducta´”. Tras lo cual detallan las medidas de pruebas solicitadas a la Cámara, pedidos de informes a realizar al máximo cuerpo judicial de la provincia y a distintos organismos, y testimoniales.
