Las emisoras de baja potencia en el país cuentan actualmente con un Permiso Precario Provisorio (PPP) que caducaría con la aprobación de la propuesta del senador nacional del PJ por Jujuy, Guillermo Jenefes, propietario de un pool de medios.
“Si esta modificación se aprueba todas las pequeñas emisoras vamos a pasar a la clandestinidad”, comentó Darío Basso, integrante de la comisión de Afmer. Algunos de nosotros cumplimos con el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) desde hace más de 20 años y vamos a pasar a ser delincuentes. Primero que nos normalicen, todas estas radios cumplen una función social”, enfatizó. Pasados 21 años desde la recuperación de la democracia todavía rige la Ley 22.285, originada en el período de facto. Por esta razón los integrantes de Afmer entregaron un escrito con 21 puntos al secretario de Medios de la Nación. “Hasta ahí todo bien, hablamos de producción local y blanqueo de personal, pero mientras tanto reapareció la propuesta de Jenefes”.
El Comfer nunca pudo entrar a Entre Ríos por las medidas cautelares que se aplicaron sobre la provincia cuando durante la presidencia de Carlos Menem se comenzó con la privatización del espectro radioeléctrico “exigiendo el pago de pliegos de altísimo costo, domicilio en Buenos Aires y otras cuestiones que vulneraban nuestros derechos”, agregó Basso.
Actualmente el comité de radiodifusión continúa su labor de normalización en otras provincias. “Normalizan pueblos pequeños, no las grandes ciudades, y se aferran a eso para decir que normalizaron Santa Fe, y acusarnos de no querer adherir”, denunció el representante de Afmer.
En 2003, finalmente Afmer acordó con el Comfer la anhelada normalización, con un pliego de menor costo y en cuotas, también la firma de un convenio. Al mismo tiempo surgió un escrito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que dividía a la provincia de Entre Ríos desde el río Gualeguay hacia la costa del Uruguay y señalaba este área como conflictiva por ser lindera a la República Oriental del Uruguay. Esto frenó el curso de las negociaciones.
“El estado de incertidumbre que genera el Estado Nacional a través del Comfer y la CNC con los medios de comunicación es angustiante”, agregó Fernando Ballestero, tesorero de Afmer. De las 400 emisoras FM de la provincia, 150 pertenecen a la asociación. “Tenemos convenios de trabajo con el Estado, pero por otro lado no pueden darnos una licencia ni una ley de radiodifusión marco para poder funcionar”, finalizó sospechando de intereses económicos detrás del conflicto: “El problema es que hay lobbies que presionan para que estas radios no existan y mil familias viven de ellas”.
