En el Ejecutivo creen que la postura de la administración Kirchner no contribuye a la política de diálogo que pretende iniciar Uruguay. Desde Botnia y Ence optaron por un vivo silencio.
Marcelo Bisogno, representante de Uruguay ante la Corporación Financiera Internacional (CFI), dijo desde Washington a radio El Espectador que la sentencia no tiene efectos directos en cuanto a la actitud que tomarán los organismos de crédito internacionales aunque reconoció que «si se hubiera dado lugar a las medidas cautelares, los proyectos se hubiesen cuestionado».
La CFI (institución afiliada al Grupo del Banco Mundial que se ocupa del sector privado) le otorgaría a Botnia los créditos solicitados en un plazo no mayor a 3 meses, luego que el directorio reciba los resultados del tercer estudio de impacto ambiental, social y económico que, por lo visto hasta el momento, no sería rechazado.
Fuentes del gobierno uruguayo dijeron a Clarín los escenarios que el Ejecutivo, a priori, maneja. Una hipótesis es que la asamblea de Gualeguaychú vuelva a cortar los puentes, para lo cual esperan la actuación del gobierno argentino; la otra es que la administración Kirchner desconozca las recomendaciones del Tribunal de La Haya y no retome la actuaciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para hacer los monitoreos correspondientes.
Si los cortes se reanudan y Argentina se muestra pasiva, «Uruguay recurriría a La Haya», aseguró la fuente. Y dijo, sobre la segunda hipótesis, que «Uruguay mantendrá una política de ‘mano tendida’, pero seguirá con las obras asumiendo todas responsabilidades».
