En Chajari y la zona se siguen trayendo trabajadores golondrina sin ningún tipo de documentación, a la par de que se continua haciéndolos trabajar en negro y se los hacinando a esta gente en distintos domicilios de la ciudad.
La problemática volvió a cobrar fuerza en estos días, cuando el personal policial, atendiendo a reclamos de vecinos de distintos sectores del ejido urbano de Chajari que se quejaban por ruidos molestos o disturbios, debió hacerse presente en varios lugares para terminar notando que todavía hay trabajadores de la fruta que siguen viviendo en condiciones de hacinamiento o que carecen de cualquier tipo de documentación. La gran mayoría fue trasladada a sede policial para su identificación y eventual averiguación de antecedentes.
Consultado por DIARIO JUNIO, el jefe policial Vega manifestó que “estos controles se hacen permanentemente, lo que pasa que ayer (por el miércoles) llamó la atención ver a tanta gente en la comisaría”.
Asimismo, el funcionario del orden aseguró que “en varios domicilios de la ciudad –sobre calles Urquiza, Estrada, Brasil u otras- hemos encontrado gran cantidad de personas viviendo en condiciones de hacinamiento, algunos de ellos sin ni un solo papel y, por supuesto, son todos trabajadores de la fruta en negro”, sostuvo.
“Esto es un trabajo que se hace no solamente para responder al reclamo del vecino –incluso cuando vamos a un lugar a hablar con los que generan disturbios, cuando el patrullero se va, vuelven a hacer ruido- sino que también como prevención, porque después hacemos averiguación de antecedente o buscamos también si no hay gente que tenga pedido de captura de otro lado”, dijo Vega.
Del mismo modo, contó que se dio con gente “del Paraguay, de Brasil, de Corrientes o de otras provincias”.
El año pasado, el asesinato de Nélida Pinto en Colonia Belgrano en manos de uno de estos jornaleros sacó a la luz todas las irregularidades cometidas por algunos empresarios del sector citrícola, quienes, si bien no son ellos mismos los que traen gente de afuera para trabajar en las quintas de la zona, confían y avalan a terceros la búsqueda de mano de obra barata. En aquel entonces, hubo varias reuniones entre instituciones, policía, gobierno municipal y productores zonales. De estos encuentros parecía que se había tomado conciencia y los mismos empresarios prometieron que si traían gente de otros lados, los llevarían a la policía para su registro y eventual averiguación de antecedentes. Finalmente, nada de eso ocurrió.
