A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo transfiere el Progresar a la órbita del Ministerio de Educación e introduce modificaciones que llevan a establecer un piso de rendimiento académico como requisito para la permanencia en el Programa.
De esta manera, “se invisibilizan las condiciones socioeconómicas que operan como determinante para las posibilidades de aprendizaje y de permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, planteando en su lugar una lógica meritocrática según la cual el beneficio no viene a articular estrategias que permitan resolver una problemática, sino que se convierte en un premio para el estudiante”.
Desde Agmer han sostenido históricamente que “los problemas educativos no se resuelven mediante dispositivos que profundizan la desigualdad, sino que por el contrario esto se logra a través de acciones capaces de generar mayores oportunidades, especialmente para aquellos sectores de la sociedad que se encuentran atravesados por un marcado contexto de vulnerabilidad socioeconómica”.
“Es por eso que ratificamos, al igual que ya lo ha hecho Ctera a nivel nacional, nuestra concepción de la ayuda económica no como un premio al rendimiento, sino como un medio para contrarrestar las dificultades que se originan en las diferencias sociales, a la vez que realizamos un llamamiento al gobierno para que revea esta medida y evite desvirtuar el sentido del Progresar”, indicaron.
