El proyecto expresa que el Senado entrerriano “vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Agroindustria, establezca de inmediato pautas destinadas a evitar la intromisión de una empresa privada (con el objetivo de cobrar a través de terceros ajenos a su actividad un canon por el uso de las semillas que produce), en el proceso de comercialización de granos, situación que ha generado malestar y protestas de los sectores vinculados a la producción y perjudicaría de manera directa el proceso de venta de la cosecha de soja, vulnerando con su accionar deberes ineludibles del Estado Argentino”.
Los fundamentos
En los fundamentos que acompañan la iniciativa de Giano se expresa que la Cámara Alta “no puede dejar de advertir los perjuicios que acarrearía al país la inacción del Estado Nacional en un tema de su absoluta competencia”. Considera que “solicitar la intervención del gobierno a través de sus organismos competentes, es un modo de poner de relieve que, dejar de actuar ahora es ceder a futuro y poner con eso en riesgo la seguridad agroalimentaria argentina”.
“Creemos necesarias acciones concretas que avalen lo dicho por el presidente Mauricio Macri ante el Congreso Nacional el pasado 1 de marzo, cuando afirmó que no permitiría que ninguna empresa abuse de su posición dominante”, se afirma en los argumentos.
Indica que analizando lo acontecido “la empresa en cuestión, que no es otra que la multinacional Monsanto, pretende aplicar un sistema para cobrar –al momento de la comercialización- un canon por el uso de las semillas que produce”.
Para el senador es llamativo que haya desarrollado acciones que contaron con la omisión del control estadual, derivadas quizá de algún subterfugio que involucra también a los exportadores. Resalta además que “la maniobra perjudica a quien trabaja y produce, y consecuentemente al Estado mismo”.
Rechaza la intromisión de la multinacional en la actividad de venta de granos, revelando que este accionar reprochable “motivó que exportadores, acopiadores, cooperativas y asociaciones de productores” lanzaran su voz de alerta ante la ausencia del Estado.
Trae a colación que hubo acciones concretas como la desarrollada por la Federación Agraria Argentina (FAA) el viernes 4 de marzo, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Giano coincide con la postura de la FAA, al señalar que el rol del Estado no se puede dejar, y muchos menos el poder de policía pasar a manos de una empresa. “Esto, de continuar, haría partícipe al Estado de una injusticia absoluta”, puntualiza.
Suma en el fundamento que de las protestas nace una advertencia que debe ser el inicio de la defensa de sagrados intereses, como son los de los sectores más débiles de la cadena productiva. Han advertido claramente que si no se actúa ahora, el modelo que aplica la multinacional hará que se termine adueñando de toda la cadena comercial y de todas las cadenas de valor productivas.
No se puede dejar de observar que la afectación del sistema de comercialización podría traer, de aparecer conflictos, inconvenientes en la venta de la soja pronta a cosecharse, y con ello disminuir o impedir en algunos casos el ingreso de divisas a la Argentina.
El legislador apunta que es “altamente reprochable lo actuado por Monsanto cuando impuso a exportadores del NOA/NEA que para otorgar los certificados de bioseguridad que China exige para importar, debían hacer frente a la Cláusula de Biotecnología. Si no lo es, es algo muy parecido al chantaje”.
Concluye diciendo el fundamento que “el Estado, en este tema, no puede omitir su presencia y su acción en defensa de los sectores más débiles. No creemos desde este Senado que estemos ante la presencia de un Gobierno que cede y obedece a las ocurrencias de los gerentes de una multinacional”.
