Un caso por averiguación de filiación presentado en el año 2008, y una denuncia en este marco radicada en la Justicia días pasados, derivó en que la Fiscalía correspondiente ordenase la exhumación de dos cuerpos en el cementerio de Victoria.
El procedimiento se desarrollo en la mañana de ayer, con la presencia de personal del Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Paraná, informó el sitio digital Diario Victoria. Se extrajeron muestras de dos cadáveres para un examen de ADN. Los cuerpos podrían haber sido cambiados por personal municipal; de comprobarse esta hipótesis los empleados serían juzgados penalmente.
El caso por el que ayer la Justicia tuvo que exhumar dos cuerpos, comenzó en el mes de marzo de 2008, cuando una mujer solicitó la filiación sobre la persona de Juan Justo Ríos, soltero, sin hijos, extinto el 1 de noviembre de 1989.
Este pedido de reconocimiento paternal, llevó a que el juzgado actuante haya exhumado en aquel momento el cuerpo de Ríos y practicado un ADN, del cual la solicitante hasta la fecha todavía no habría recibido los resultados.
Las actuaciones que se realizaron en la víspera, abren una nueva carátula sobre el caso en cuestión; teniendo como fundamento la denuncia ante Fiscalía de un letrado quien hace quince días realizó una acusación, exponiendo que el nicho del supuesto padre de la peticionante fue violado, cambiándose el cuerpo por otro.
Al parecer, las sospechas de esta profanación recaerían sobre personal municipal, quienes habrían realizado la misma en horario nocturno. De comprobarse este ilícito, el Juzgado de Instrucción iniciaría una causa penal para hallar a los responsables.
Para esto, la División Investigaciones dependiente de la Jefatura Departamental, días pasados habría secuestrado el libro de asistencia y otras pruebas de la administración de la necrópolis, los cuales abonarían datos claves a la causa para identificar a los posibles profanadores.
A media mañana de ayer, se hicieron presentes en la necrópolis local el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia; el juez de Instrucción, Alejandro Calleja; el fiscal Eduardo Guaita; el médico Forense del Juzgado local Juan Carlos Sulimán y el abogado José Luis Oberti, representante de una de las partes.
El personal que realizó la tarea de extraer los féretros de Juan Justo Ríos y de Segundo Núñez -fallecido el 24 de diciembre de 1961-, revista en el municipio de Victoria, pero no es dependiente del cementerio. Los encargados de esta tarea desarrollan funciones en el área de espacios verdes, especialmente enviados para esta faena. En tanto los obreros que desarrollan usualmente sus actividades en el lugar, esperaron apostados en el ingreso de la necrópolis a que se consumara la medida judicial. Esta actitud fue leída por alguna de las partes como una señal que afirmaría la hipótesis que personal perteneciente al cementerio estarían involucrados en el caso.
Una vez extraídos los féretros fueron trasladados hasta la morgue donde, posterior a su descubrimiento, los forenses depositaron en envases plásticos las muestras óseas y dentarias extraídas de los cuerpos. Una vez precintados los embalajes, fueron rubricados como medida de aceptación del procedimiento por parte de los representantes judiciales y el letrado Oberti.
Al culminar el muestreo, los cajones fueron nuevamente cerrados y sellados mediante soldadura que realizaron los profesionales de la empresa de sepelios San Cayetano. Luego fueron trasladados a sus nichos, quedando igualmente a disposición de la Justicia en caso que requiera nuevas pericias.
Tras el proceso, que llevó más de dos horas y media, el juez de Instrucción, Alejandro Callejas, admitió oficialmente que la medida judicial se realizó por una denuncia presentada por un profesional y la Fiscalía. “Entre estas medidas está la exhumación de estos dos cajones y la extracción de muestras de ambos cadáveres para realizar un examen comparativo genético en el Superior Tribunal de Justicia, siendo que en principio existe la sospecha de un cambio de cadáveres”, describió.
Asimismo trascendió que existen personas sospechadas, pero el magistrado no adelantó datos por el secreto de sumario. “Queremos tener todavía un examen comprobado sobre el hecho denunciado que demorará su tiempo”, expuso el juez, quien culminó reservándose el derecho a contestar sobre el grado de compromiso del personal municipal en el hecho sujeto a investigación.
De encontrarse la presencia de indicios que den cuenta de las presunciones, el juez de Instrucción remarcó que se abrirá una causa penal a pedido del requerimiento fiscal.
