“En IOSPER aún no se les dio de baja a los docentes. No comprendo con qué intención algunos apoderados están provocando gran incertidumbre entre los docentes”, aseguró.
La funcionaria explicó que, en función de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad del Decreto Nº 4.427/72 por el que se autorizó el ingreso al IOSPER de los docentes que prestan servicios en establecimientos de gestión privada, los fondos se transferirán a los apoderados legales. Estos luego deben efectuar el aporte a la mutual seleccionada libremente por los docentes, en el marco de lo establecido por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y 23.661, como así también el Decreto Nacional Nº 1.400/01. Por ello, dictamos la Resolución Nº 1.990/10 . “No es verdad que giramos los fondos a una obra social nacional sindical”, apuntó.
La funcionaria expuso además, que según información brindada por los apoderados legales a la Dirección de Educación Privada, “la mayoría de los docentes ya han optado por una obra social” y apuntó que “acatar una nota enviada por un subgerente de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Nación que estima prudente se continúe transfiriendo al IOSPER, en contra de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no correspondería porque estaríamos desacatando un fallo de la máxima autoridad judicial, cuando el titular de nuestra Obra Social ya comprometió cobertura durante un tiempo prudencial ante el cambio exigible por la sentencia mencionada”.
Respecto a la impresión de los recibos de sueldo con errores y aun no distribuidos, explicó que “es propio ante un cambio no sólo del sistema de liquidaciones sino también por las modificaciones enunciadas y que se resolverá a la mayor brevedad”.
En este sentido, destacó que “requerimos ante esta situación de cambios, mesura, prudencia y tolerancia ya que el Estado Provincial garantiza la cobertura de salud de los docentes y trata de enmendar los equívocos de un trabajo administrativo contable que el Estado realiza en favor de los establecimientos de gestión privada”.
