La decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia a través del voto Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, convalida una sentencia del Superior Tribunal de la provincia, que decidió privilegiar los fondos de la obra social.
En tanto, el juez Eugenio Zaffaroni se apartó del criterio de la mayoría, que rechazó la demanda por la formalidad de que “el recurso extraordinario no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada”. En este marco, atacó con dureza los argumentos dados por el STJ. En primer lugar, puso en tela de juicio la capacidad de los vocales del Tribunal provincial, indicando que el fallo contiene “insuficiencia de fundamentación argumentativa”, dado que “la demandada (es decir el Iosper) en ningún momento acreditó la imposibilidad fáctica y financiera de brindar la cobertura solicitada, es decir no hay constancia en autos de algún informe o cálculo siquiera aproximado, presentado por la obra social de la provincia, del costo que le representaría cumplir con la sentencia de primera instancia”.
El tratamiento tenía al momento del amparo, a mediados del año pasado, un valor mensual de 5.000 pesos.
Zaffaroni señaló que “la segunda cuestión que descalifica la decisión impugnada se refiere a la prevalencia que el Tribunal Superior le asigna al interés patrimonial de la demandada y al interés presupuestario del Estado provincial por sobre el derecho a la salud y a la educación de un menor discapacitado, del cual surge la tercera cuestión en tanto la sentencia parece ignorar que el afectado es un menor de edad, olvidando que toda decisión jurisdiccional que afecta a un niño debe regirse por el interés superior de este”.
“Encontrándose en riesgo el derecho a la salud y al desarrollo educativo de un niño de 5 años de edad con síndrome de espectro autista, no es admisible en un Estado constitucional formal y materialmente insertado en el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos una argumentación economicista por sobre derechos fundamentales”, alegó luego.
Fallo de la Justicia provincial
Previo a la decisión de la Justicia nacional, el Juzgado de Instrucción Nº 7, a cargo de Elvio Garzón, falló en primera instancia a favor de la demanda de la familia del niño y ordenó al Iosper que cubra esta prestación. Pero la obra social apeló al Superior, donde una constitución fortuita de la Sala de Asuntos Constitucionales le permitió revertir la decisión inicial.
El abogado de la familia del menor, Martín Acevedo Miño, puntualizó que existen dos antecedentes en los cuales la conformación original de la Sala habilitó este tratamiento. En estos casos, la mayoría se conformó con Daniel Carubia y Carlos Chiara Díaz. La tercera integrante, Claudia Mizawak, que votó en contra, quedó en minoría. “Pero Chiara Díaz hizo uso de licencia y fue reemplazado por Emilio Castrillón, que votó con quien con los pronunciamientos anteriores había quedado en minoría”, agregó.
Estos dos vocales entendieron que “extender ilimitadamente las coberturas significaría una súper obra social inexistente en el mundo cuyos erogaciones no surgirían de los aportes sino del erario provincial entrando así en una cuestión presupuestaria (…) Una cuestión es la obligación estatal del servicio de salud garantizado constitucionalmente y otra es el exceso”, tras lo cual entienden que la obra social cumplió con las obligaciones que tenía a su cargo.
