En efecto, el abogado Parrilli denunció ayer al entrerriano Luis Miguel Etchevehere, y a las cerealeras por el delito de "tentativa de defraudación a la administración pública" y reclamó a la Justicia el allanamiento del esa cartera (ahora convertida en Secretaría), el secuestro de documentación y una medida cautelar para que no se eluda el pago de las retenciones correspondientes.
Es que, el gobierno cerró formalmente el lunes "hasta nuevo aviso" el registro DJVE de granos, pero eso ocurrió un día hábil después de que las empresas exportadoras de granos declararan ventas por más de 8,5 millones de toneladas, equivalentes a unos 2.250 millones de dólares con las retenciones vigentes en soja (25,5 por ciento) y 0 por ciento en trigo y maíz.
LOS BENEFICIADOS
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), detalla que sólo nueve empresas agroexportadoras se beneficiaron en 1.933 millones de pesos al realizar declaraciones entre los días 30 y 31 de agosto, previas al anuncio oficial que repuso los derechos de exportación, con información privilegiada y el aval de Agroindustria.
Según ese mismo relevamiento, las más beneficiadas fueron las multinacionales asentadas en el Gran Rosario, como Aceitera General Deheza (propietaria de T6), que registró 60 mil toneladas de trigo, 400 mil de maíz y 16 mil de subproductos de girasol y se ahorró casi 282 millones de pesos en derechos de exportación. Forman parte de esa grilla también Oleaginosa Moreno Hnos (propietaria junto a Vicentín de Renova en Timbúes) que anotó 10.500 toneladas de trigo, 173 mil toneladas de maíz y 24 mil de subproductos de girasol y se ahorró el pago de 195,5 millones de pesos. Además anotaron anticipadamente exportaciones de los tres productos: Bunge, ADM Agro (ex AC Toepfer), la de capitales chinos Cofco International, Cargill, LDC, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Amaggi Argentina.
La denuncia de Parrilli hacia Etchevehere, apunta a las compañías porque generaron "una pérdida millonaria al Estado nacional", indicó.
Estas declaraciones anticipadas les permiten a las agroexportadoras tributar las retenciones que rigen al momento del registro y no las que están vigentes cuando se produce el embarque de mercadería, un lapso que puede extenderse por un año.
Una situación similar se dio en 2007, cuando el gobierno de Cristina de Kirchner decidió en noviembre de ese año subir las retenciones a la soja del 27,5 por ciento al 35 por ciento. Antes de esa fecha, cuando el aumento era un secreto a voces, los exportadores se apuraron a adelantar DJVE por 18,7 millones de toneladas, un 40 por ciento de la campaña 2007/2008, que por entonces recién se comenzaba a sembrar. De esta forma, se aseguraban que al momento del embarque iban a pagar la alícuota anterior, del 27,5 por ciento.
Fue entonces que el ex diputado nacional por Santa Fe Rafael Martínez Raymonda pidió a la presidenta que anule las declaraciones juradas presentadas por los exportadores y obligue a tributar una alícuota del 35 por ciento. La ley fue sancionada en diciembre de 2008 y obligaba a los exportadores a acreditar que habían comprado previamente la mercadería declarada en el registro. Caso contrario, debían pagar, cuando embarcaran, los derechos de exportación más altos.
Hace pocos días, y en plena crisis cambiaria, el presidente Macri le condonó por decreto la deuda que por ese tema arrastraba la empresa Molinos, del Grupo Pérez Companc, por u$s 70 millones, revocando una resolución del gobierno anterior.
Presentación voluntaria de empresas
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron ayer que las empresas exportadoras, de manera individual, se presentarán voluntaria y espontáneamente ante todos los organismos de control competentes, con toda la documentación necesaria para acreditar que las operaciones de declaraciones de ventas se hicieron en el marco de las normas vigentes.
