El juez dispuso una medida similar a las que se disponen en los casos de violencia familiar: le impuso a Toledo la obligación de mantenerse alejada del resto de las religiosas que permanecen en el convento y también de las exmonjas que la denunciaron en la Justicia y también de sus familiares cercanos. El único modo de cumplimentar esa directiva judicial era saliendo de la clausura, en la que lleva 40 años, y procurarse otro alojamiento mientras persista la medida judicial.
Pero ni el juez Acosta ni el fiscal Federico Uriburu ni el defensor de la monja, Miguel Cullen, pudieron dar precisiones del paradero de Toledo. Lo único que se supo es que ayer, cerca de mediodía, una familia llegó al convento y la retiró a Toledo, procedimiento que fue comunicado a la Justicia por otro de los abogados defensores designados por la curia, Guillermo Vartorelli.
Cullen, de igual modo, adelantó que entre “lunes o martes” apelará la medida dispuesta por el juez Acosta de apartar a Toledo de la conducción del monasterio carmelita, y, además, se mostró confiado de que pueda prosperar el planteo que hizo ante el Juzgado Federal de Paraná para que la causa salga del fuero provincial.
“Estamos preparando la apelación al traslado. Esta medida es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. Pero ya se hizo. Ya está. La Justicia entendió, el juez entendió que podía hacerlo y lo hicieron”, dijo, en diálogo con EL DIARIO.
La decisión del juez Acosta de alejar a la monja Toledo del convento carmelita de Nogoyá le fue notificada a la propia religiosa, ya imputada en la Justicia por el delito de privación de la libertad, y las comunicaciones también llegaron al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y al nuncio en la Argentina, Emil Paul Tscherrig.
De ese modo, el magistrado había respondido a una petición en ese sentido que le había formulado el fiscal Uriburu, con el argumento de que el traslado de la religiosa a otra dependencia ayudará a la investigación judicial y permitirá que las religiosas que la secundan puedan expresarse con libertad e independencia, a la hora de ser convocadas para testimoniar en la causa.
Mientras, los defensores Vartorelli y Cullen aguardan con expectación de la Justicia Federal a su pedido para que la causa salga de los Tribunales provinciales. El juez Leandro Ríos derivó el caso ahora al fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, quien podría expedirse a principios de la próxima semana.
