La conducción departamental de la Policía de Entre Rios inició sumarios administrativos a 107 miembros de la fuerza que estuvieron involucrados en la revuelta de diciembre último en reclamo de mejoras salariales, generando una situación de grave zozobra social al producirse saqueos que, incluso, costaron vidas en la ciudad de Concordia. El procedimiento administrativo se inició pese a que en el departamento Uruguay la situación nunca llegó a esos niveles. Por ejemplo, en la ciudad nunca hubo personal acuartelado. Las protestas terminaron con la firma de un acta acuerdo con el gobernador Sergio Urribarri, publicitada a pura sonrisa en las redes sociales, pero que después el mismo Gobierno desconoció. Aquel acuerdo, rubricado el 9 de diciembre con el apoyo del obispo de Concordia, Armando Collazuol, puso fin a la protesta policial y detuvo la ola de saqueos que había sacudido a la provincia ante la huelga de los agentes de seguridad. Pero luego el Gobierno, de la mano del procurador general de la provincia, Jorge García, cambió de idea: dijo que era “nulo e ilegítimo”, ya que fue “arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición”.
A dos meses de aquellos sucesos, y según confirmó a El Miércoles Digital el subjefe departamental de la Policía Entrerriana, comisario inspector Carlos Pérez, se iniciaron estas investigaciones administrativas, que “por el momento son relevamientos internos, no interviene la Justicia Ordinaria porque no hubo denuncias civiles”.
Según el reglamento de la fuerza, este tipo de sanciones son juzgadas internamente de acuerdo al grado de las infracciones, que pueden incluir descuentos y días de arrestos efectivos, e incluso la baja de la Fuerza.
Pérez confirmó que son 107 los agentes imputados, y que llegaron a ubicarlos tras tareas de inteligencia interna de esos días. “En estos momentos el Instructor de Paraná –que hace las veces de fiscal- está notificando a los involucrados”. Si bien no precisó números concretos aseguró que la mayoría cumplen funciones en Concepción del Uruguay, donde incluso hay algunos oficiales subalternos, “aunque hay algunos también de la Campaña”, es decir de otras localidades del Departamento, además de policías jubilados que están siendo investigados.
El procedimiento comenzó este jueves 27 de febrero y tienen un plazo de un mes para concluirlo y juzgarlos, pero Pérez adelantó que habrá prórrogas porque esos trámites llevan su tiempo por la cantidad de investigados, más las correspondientes defensas a que cada uno de ellos tienen derecho. Mientras dure el procesamiento interno se presume la inocencia por lo que cumplen funciones con normalidad.
La misma noche de diciembre que se levantó la protesta policial en la Histórica, el jefe comisario inspector Gustavo Daniel Schierloh, había confirmado a este cronista que en esos días tuvo en su dependencia “cuatro o cinco móviles policiales que pararon durante dos horas el domingo por la noche”, e incluso adelantó que efectuará sobre ellos los informes pertinentes y las denuncias penales que se estimen correspondientes.
