El proyecto de Ley presentado por la Diputada Blanca Osuna (Frente para la Victoria – Entre Ríos) y que propone la creación de un marco regulatorio de la relación contractual entre el prestador del Servicio de Comunicaciones Móviles y el Usuario recibió el apoyo de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, de organismos provinciales de Defensa del Consumidor y de Asociaciones de Defensa del Consumidor, como así también de otros legisladores nacionales.
El mismo surge de lo acontecido en la reunión conjunta de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y Defensa del Consumidor (quienes tienen en estudio el proyecto) que se desarrolló el martes por la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación.
Al respecto, Osuna indicó que «se busca incorporar mayor justicia en la relación asimétrica entre los prestadores y los usuarios, creando reglas de juego claras, frente a un desarrollo creciente y sostenido de la telefonía móvil en la Argentina en estos últimos años. Si bien hay un marco general, es un Reglamento del año 1997 que ha sido observado por la Auditoria General de la Nación y que ha sido superado por la realidad del crecimiento de este sector».
«Venimos siguiendo atentamente las quejas que van planteando los usuarios y que receptan las oficinas de Defensa del Consumidor y que son la inclusión de cargos que no fueran oportunamente contratados, facturaciones de importes distintos a las incluidas en las promociones, sobrefacturación, falta de señal, envío irregular de facturas, información insuficiente en relación a las condiciones de contratación, venta de unidades que supera lo que el sistema resiste y la falta de atención personalizada a los usuarios, entre otras.»
Según explicó la autora del proyecto, «el Estado es responsable de contribuir a resolver los problemas que hoy se plantean en las más de 30 millones de líneas de telefonía celular existentes. Este proyecto propone establecer una normativa que proteja al consumidor de telefonía celular, mejorando las condiciones contractuales y calidad en el servicio. De prosperar, las empresas prestadoras no podrán establecer plazos mínimos para la vigencia del contrato, ni tampoco practicar el redondeo de segundos a minutos exactos para el cobro de las llamadas, entre otros puntos».
Cabe destacar que en la reunión estuvieron presentes representantes de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor, autoridades provinciales de Defensa del Consumidor y miembros de varias Asociaciones de Defensa del Consumidor (Adecua, Centro de Educación al Consumidor, ACUCC, Consumidores Argentinos y ADDUC), quienes expresaron su apoyo a la iniciativa.
También asistieron autoridades de las empresas CTI Móvil, Movistar, Nextel y Personal S.A. y de la CICOMRA (Cámara Argentina de Informática y Comunicaciones de la República Argentina). Uno de ellos sostuvo que en la actualidad existe una regulación suficiente, refiriéndose al Reglamento de Clientes del año 1997.
Respecto a la postura de los empresarios, la diputada expresó que «no es la que uno espera. Se espera que haya razonabilidad en la relación entre la rentabilidad empresaria, que hoy es muy abultada, y los derechos de los usuarios. Nosotros ponemos el compromiso en esa dirección».
