La iniciativa -que fue girada al Senado- pone a la Argentina en línea con las legislaciones internacionales y «convierte al soldado en un ciudadano», según definió en su momento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
Al desaparecer el fuero militar, los delitos cometidos por uniformados pasarán a ser juzgados mediante el debido proceso del cual gozan todos los ciudadanos, por el Código Penal y por el Código Procesal Penal de la Nación.
Con el nuevo régimen para los militares quedará eliminada la pena de muerte y el calabozo, pero se sancionará en cambio el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa fue el fruto de las deliberaciones de una comisión en la que participaron auditores militares, juristas, legisladores y representantes del Ministerio de Defensa.
El Código de Justicia Militar -que data de 1951- resulta también contradictorio con la incorporación de los pactos internacionales a la carta magna, en la reforma de 1994. Además, la existencia del fuero militar fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las sanciones a dos oficiales, uno de ellos Rodolfo
Correa Belisle, testigo del caso Carrasco.
Los ejes principales de la reforma son los siguientes:
-Obliga a la autoridad militar a preservar los elementos de prueba por delitos cometidos por uniformados.
-Limita las facultades de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir órdenes a población civil en zonas de combate, dónde sólo podrán remitir al juez al infractor.
-Establece un régimen disciplinario autónomo para militares.
-Prohíbe la doble sanción disciplinaria por el mismo hecho.
-Sanciona el acoso sexual.
-Prevé como únicas sanciones el apercibimiento, el arresto y la destitución de las Fuerzas Armadas.
-Crea un procedimiento penal militar para situaciones de conflicto, cuando resulte imposible someter al personal castrense a la justicia federal.
-Garantiza la intervención de letrados como defensores fiscales, jueces de instrucción y secretarios de tribunal.
